El Gobierno israelí ordenó hoy la destrucción de las casas de los dos palestinos que el martes mataron a cinco judíos en una sinagoga de Jerusalén, pese a que la Unión Europea y Estados Unidos le pidieron que no lo hiciera por entender que genera más resentimiento.
El primer ministro israelí, Benajmin Netanyahu, dio también luz verde a que se derriben las viviendas familiares de otros dos pales-tinos.
Se trata del conductor kamikaze que hace dos semanas mató a dos israelíes en un intento de atropello masivo en una parada de tranvía y del presunto pistolero palestino que en octubre trató de asesinar a tiros al rabino ultranacionalista Yehuda Glick, que se recupera en el hospital. Ayer, excavadoras israelíes acabaron con la residencia en el barrio de Silwan, en Jerusalén Este, de Abdel Rahman Shaludi, un joven palestino que mató a un bebé israelí y una ciudadana ecuatoriana en octubre, en otro intento de atropello masivo en una estación de tranvía en la antigua línea verde que divide la ciudad.
La política de destrucción de casas fue habitual en tiempos de la segunda Intifada, pero se interrumpió hasta hace apenas un año debido a la polémica sobre su legalidad y las dudas de su eficiencia como arma disuasoria.
Sin embargo, ha sido recuperada por la alianza de Gobierno derechista y ultrana-cionalista de Netanyahu, con apoyo de la Fiscalía General del Estado.
El Tribunal Superior de Justicia paralizó hoy la destrucción de la casa de Mohamad Jaabais, un conductor de excavadora que arrolló a un peatón y se empotró con un autobús en la misma zona divisoria de Jerusalén, y que fue abatido a tiros por la Policia. La familia, que cree que el hombre simplemente perdió el control de la máquina, apeló esa orden ante un tribunal, que fallará el próximo lunes. También hoy, el fiscal general del Estado, Yehuda Weinstein, aseguró que no existen impedimentos legales para llevar a cabo las demoliciones de las casas familiares de los otros palestinos, cuyas familias tienen 48 horas para apelar. La decisión fue criticada hoy por los grandes países de la Unión Europea, que la calificaron de «contraproducente» por considerar que exacerba aún más la tensión que vive Jerusalén desde principios del verano. En la misma línea se pronunció el portavoz del Departamento de Estado de EU, Jeff Rathke, para quien «el castigo de demoler casas es contraproducente para la causa de la paz, sobre todo en la actual situación de tensión».
