A 25 años de la adopción de la Convención sobre los Derechos del Niño, en México persisten muchas brechas, no se ha logrado atender al total de la población infantil, en especial a los que habitan en zonas rurales. Además, existen nuevas problemáticas: aumento de muertes de menores entre 10 y 17 años a causa de la violencia, la cooptación de jóvenes a las filas del crimen organizado y la falta de un registro de víctimas de explotación sexual.
Ha bajado la mortalidad infantil, hay avances en la situación nutricional y se ha cubierto la universalidad en la educación básica, por lo que “México es un muy buen modelo en estos temas para otros países de América Latina, pero persisten problemas. Falta focalizar esfuerzos y atacar las brechas”, advierte Erika Strand, jefa de Políticas Sociales del Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas (Unicef) en el país.
A nivel regional, 40.5% de niños, niñas y adolescentes son pobres según las encuestas de hogares realizadas por cada país y procesadas por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). Esto se traduce en que 70.5 millones de menores de 18 años tienen acceso limitado o nulo a educación, nutrición, saneamiento, vivienda, agua o información; 28.3 millones sufren de estas privaciones de forma severa y se les considera en pobreza extrema.
A eso hay que sumar otro factor invisible para las estadísticas tradicionales y los programas de inversión social: la inequidad en las condiciones de vida que afronta la niñez. La riqueza del hogar, su ubicación en el área rural o urbana, el género o el origen étnico de los niños acentúa sus privaciones, no es casualidad que la pobreza multidimensional afecte a 63.3% de la población infantil indígena frente a 43.3% de los menores no indígenas.
Crueldad contra los pequeños
En el contexto de violencia que ha vivido México en los últimos años aumentaron las muertes de menores de edad entre 2000 y 2011, pasaron de 10 mil 788 a 27 mil 213, que equivale a 4.6% del total de defunciones en ese rango de edad.
La tasa de mortalidad en infantes a partir de 2008 tuvo un repunte. Información de Naciones Unidas (ONU) indica que México se ubica en el sexto lugar en América Latina en el número de homicidios de menores; en los últimos 25 años fueron asesinados diariamente dos niños o adolescentes con menos de 14 años.
En su último informe de 2013 sobre el estado de la niñez en México, Unicef señaló que entre 2006 y 2010 fallecieron a causa del crimen organizado 913 menores de 18 años.
Además hizo un registro hemerográfico de las muertes en niñas y niños de 0 a 17 años causadas por hechos violentos relacionados con la lucha contra el crimen organizado. El conteo arrojó que de 2010 y hasta el 30 de abril de 2014 se registraron 909 muertes.
La organización civil Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) elaboró el estudio Contando la Violencia, que reveló que entre los menores los efectos de la lucha contra el crimen organizado derivaron en 2012 en cuatro muertes por cada cien mil habitantes. Casi se triplicó la tasa de mortalidad por homicidio en los jóvenes entre 15 y 17 años, al pasar de 5.3 en 2007 a 16.3 en 2012; el mismo estudio muestra que las entidades que concentraron los crímenes contra menores fueron: Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila y Sinaloa.
Otro de los efectos del contexto de violencia es la filiación de menores con el crimen organizado; casos como el del Ponchis, un adolescente sicario, resonaron en los medios y la sociedad.
No existe registro oficial sobre cuántos menores participan en este tipo de actividades, “se podría calcular con un cruce de adolescentes en conflicto con la ley y detenciones por delitos federales, y los que están en pandillas, pero son grupos dinámicos, lo que dificulta su conteo”, señala Juan Martín, presidente de Redim.
El documento Alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio con Equidad, elaborado por la Unicef en México, reconoce que no hay un sistema confiable de información sobre las formas en que se ejerce la violencia contra la infancia y sus consecuencias; se carece de datos que determinen cuántos menores son víctimas de explotación sexual, de trata y cuántos fueron atraídos por el crimen, dice Erika Strand.
En promedio entre 2001 y 2011, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) registró más de 21 mil niñas, niños o adolescentes maltratados, 20% de los casos llegaron al Ministerio Público. Mientras que siete de cada 10 jóvenes en el país viven violencia en su relación de noviazgo: 76% es sicológica; 16.5% sexual y 15% física.
Datos del DIF y Unicef de 2008 indicaban que 20 mil menores habían sido explotados sexualmente y 80% de ellos tenían entre 10 y 14 años. No hay cifras actualizadas de esta situación.
El desafío de la pobreza
En el documento Alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio se dice que hay una persistente desigualdad que priva en las comunidades rurales e indígenas: siete de cada 10 niños viven en situación de pobreza y dos de cada 10 en pobreza extrema; los infantes de comunidades rurales son más propensos a padecer desnutrición, tres de cada 10 tienen ese problema.
Unicef señala cuatro principales factores de inequidad que afectan a los niños, niñas y adolescentes en México: el ingreso de los hogares en los que habitan, su origen étnico, su lugar de residencia y el género.
Según estimaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) en 2012, 66.9% de los menores de 18 años de zonas rurales estaban en situación de pobreza; en áreas urbanas esta proporción era de 49%. En la población indígena la incidencia de pobreza se cifró en 72.3% y en pobreza extrema en 30.6%.
Destacan como avances que México tiene uno de los esquemas de vacunación más completos de América Latina y se redujo la mortalidad infantil; se ha logrado que la cobertura de la educación básica sea casi universal.
Entre 1988 y 2012 la desnutrición aguda pasó de 6 a 1.6% entre la población menor de cinco años. Aunque las comunidades indígenas presentan mayor desnutrición crónica: 33.1% de los menores de cinco años la padecen.
La cobertura de la educación básica se ha cumplido; la tasa neta de matriculación en primaria en el ciclo escolar 2012-2013 fue de 100%, la matriculación universal en este nivel se alcanzó desde 2010. El porcentaje se reduce cuando se avanza de nivel educativo: en secundaria la tasa de cobertura neta en el ciclo escolar 2011-2012 fue de 78.8% y la deserción fue de 5.5%. La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2011 reveló que casi un millón de jóvenes entre 14 y 17 años no trabajaban ni estudiaban.
“En primaria tenemos alrededor de 98% de niños y niñas, pero en secundaria perdemos 30% y en el salto a bachillerato perdemos otro 30%”, lo que se traduce en desigualdad, expone el director de Redim.
Realidad regional
En América Latina y el Caribe para mejorar el desarrollo infantil, la Unicef impulsa el cambio del concepto tradicional de pobreza por un enfoque multidimensional, que no se limite a la insuficiencia de ingresos e incluya el acceso a la nutrición, salud, agua y saneamiento, protección, vivienda, educación e información. Así, los que padecen pobreza extrema son quienes viven con más de dos privaciones o si una de ellas es muy grave. Esta nueva visión se basa en las metas de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño.
“El cálculo monetario para definir los niveles de pobreza en una población no abarca todas las privaciones que sufren los niños. Su carencia puede estar relacionada con la zona en la que viven, donde no hay servicios básicos o escuelas, y eso no se compra con lo estipulado en la canasta familiar”, explica el director de la organización Equidad para la Infancia en América Latina, Alberto Minujin, con sede en Perú.
Aunque críticas, las cifras de pobreza infantil en América Latina y el Caribe son 14% menores a las registradas hace 10 años. En ese lapso la pobreza extrema bajó 10% y se redujeron de 41.2% a 27.9% los casos de menores privados gravemente de más de un derecho básico.
Las cifras reflejan diferentes realidades en cada país: en Argentina la pobreza retrocedió menos de 5%, pero los niños que la padecen son 24.3%. La otra cara de la moneda es Guatemala, que mantiene a casi 80% de sus niños en esta situación y es el país con la incidencia más grave en la región, seguido de cerca por El Salvador (79%), Nicaragua (78.6%) y Bolivia (71.4%).
Medir la reducción de la pobreza es complejo si no es claro cuánto invierten los países. El informe Gasto Público Dirigido a la Niñez, de Cepal y Unicef, calcula que los gobiernos invierten 4.06% del PIB, según estadísticas gubernamentales no comparables entre sí; no obstante, son las únicas que existen. La falta de parámetros estandarizados para medir el gasto público y la inversión que se hace en la infancia es otra barrera que afrontar en los próximos años.