La crisis política actual ni se dio por generación espontánea ni representará el fin del mundo. Se trata de una crisis de reorganización autoritaria del sistema político priísta.
Y si se quiere resumir la dimensión de la crisis, entonces debe establecerse que el país enfrenta una crisis central: la crisis del presidencialismo histórico, con tres crisis derivadas: el agotamiento del autoritarismo, un Estado cuya política económica no genera bienestar sino pobreza y concentración de la riqueza y una sociedad sin el cauce institucional del PRI.
El árbol impide ver el bosque. Lo de Iguala, la UNAM, el crimen organizado, las protestas sociales y el pánico político alimentado por la histeria de los medios tiene un común denominador: el sistema político histórico —Juárez, Díaz, Elías Calles, Cárdenas, Echeverría, Salinas de Gortari— funcionaba en torno al pivote del autoritarismo; sin la fuerza, el sistema político priísta ha sido jaloneado por los grupos sociales.
Ahora que comienzan los recordatorios de José Revueltas por el centenario de su nacimiento, habría que rescatar una clave en el funcionamiento sistémico que Revueltas detectó en 1958 y que sistematizó casi como teoría del Estado en 1976: el Estado mexicano funcionó en torno a los ejes de la ideología oficial y del PRI. La ideología le dio legitimidad y el partido le permitió el control de la totalidad de las relaciones sociales.
Ante las crisis, Echeverría, López Portillo, Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto liberaron nuevas fuerzas sociales pero sin abrir nuevos cauces políticos de participación y ahí la sociedad comenzó a chocar consigo misma: la modernización productiva sin reforma política permitió el aumento sustancial y sin control de las demandas sociales pero ante un Estado con limitaciones presupuestales. Las crisis políticas han ocurrido en situaciones de deterioro social y de demandas insatisfechas de bienestar.
Y como las crisis son prácticamente las mismas, los enfoques en busca de soluciones no pueden variar mucho. En uno de los trabajos pioneros sobre el sistema político mexicano en 1974, el politólogo José Luis Reyna —de El Colegio de México— analizó la crisis de 1968-1973, concluyó que el control político permitía la estabilidad y el desarrollo y ante la crisis de entonces encontró entonces dos opciones que hoy son las mismas: la redefinición del sistema político o la intensificación del autoritarismo.
Como el autoritarismo mexicano presidencialista se ha ido diluyendo en la globalización, entonces no queda más que la reforma del sistema político priísta. Y si la élite gobernante no se la quiere jugar con la reforma sistémica, entonces tendrá que asumirse la crisis no como un tropiezo sino como una fase del desarrollo político. Si todo lo que resiste apoya, entonces el sistema priísta pudiera estar apostándole a resistir las presiones sociales y políticas para que el deterioro de la protesta permita que las aguas regresen a su nivel.
El peligro político radicaría en la restauración del autoritarismo ante la necesidad y violencia de las protestas sociales. Sin embargo, sería el camino más largo, tortuoso e ineficaz porque el viejo autoritarismo priísta se sustentaba en variables hoy inexistentes: un absolutismo político priísta, en una oposición leal y en un aislamiento político del sistema.
Si se atiende asunto por asunto, la salida de la crisis será larga, tortuosa e ineficaz. Como en la España de la transición, se necesita de una iniciativa reformadora del sistema político que provenga conjuntamente del ejecutivo y el PRI. Si no la hay, entonces hay que prepararse para años de inestabilidad política y sistémica. Las reformas deben aumentar el bienestar social o enfrentar las protestas en las calles.
