En mayo de 1984, el columnista Manuel Buendía fue asesinado cuando se disponía a revelar una severísima crisis política: políticos y policías protegían el narcotráfico. Treinta años después el caso Ayotzinapa ha revelado que policías municipales formaban parte de un grupo del crimen organizado.
Lo más grave del asunto no es sólo que políticos priístas o formados en el viejo PRI hayan aparecido como los mejores aliados de bandas criminales sino que la oposición al PRI que se forjó bajo el argumento de que iba a combatir esas prácticas de complicidad y regresaría la ética a la política también hayan cometido los mismos delitos.
Ángel Aguirre Rivero se formó en el viejo PRI, fue aliado del cacicazgo de los Rubén Figueroa que habían sido acusados de asesinar a disidentes y se dedicó a proteger a los responsables de la masacre de campesinos en Aguas Blancas. En el 2010 Aguirre no logró la candidatura a gobernador en el PRI, pero consiguió que el PRD primero y el PAN después lo lanzaran como candidato aliancista. En enero del 2011, Aguirre venció al PRI y prometió un gobierno diferente al PRI.
El resultado hay que buscarlo debajo de las piedras de Ayotzinapa: Guerrero y muchos municipios cayeron bajo el control de bandas criminales. La oposición al PRI —PRD, PAN, PT, Convergencia y López Obrador— apadrinaron gobiernos estatales y municipales que se pusieron al servicio de la delincuencia.
El PRI en Michoacán y el PRD en Guerrero deben enfocarse con análisis sistémicos, no de tropiezos superficiales. Las policías estatales y municipales realmente no sólo protegieron a bandas del crimen organizado sino que se fusionaron. Y arriba de ellas, alcaldes y gobernadores se articularon orgánicamente en intereses. Así, políticos y policías pasaron de proteger a criminales como en 1984 a formar parte de la estructura criminal.
El modelo configura la fase de la gangsterización del sistema político y de las estructuras del Estado. En el pasado, el poder presidencial evitaba y castigaba políticamente a los políticos y policías que se aliaban a delincuentes. No fue gratuito que en 1984 la policía política que garantizaba la seguridad del Estado, la Federal de Seguridad, protegiera a los primeros cárteles de la droga que requirieron de sus servicios: la banda de Miguel Félix Gallardo, Ernesto Don Neto Fonseca y Rafael Caro Quintero, quienes llegaron a poseer credenciales oficiales de la Federal de Seguridad para moverse en la legalidad.
El paso siguiente a la compra de protección policiaca llevó a los delincuentes a poner jefes policiacos. Luego vino la etapa en que las mismas bandas financiaron carreras de políticos y funcionarios. Hasta ahora hay dos casos formales de gobernadores vinculados al crimen organizado: Fausto Vallejo renunció al gobierno de Michoacán cuando le probaron que su hijo y su secretario de gobierno estaban al servicio de Los Caballeros Templarios. Y en Guerrero el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y el propio gobernador Aguirre Rivero aparecen como responsables directos del auge del crimen organizado.
En todos lados donde el crimen organizado se ha fortalecido aparecen indicios y pruebas de la protección policiaca y política. La oposición fue estridente en acusar al PRI de haber prohijado ese modelo complicidad político-criminal, pero ahora es esa oposición la que aparece cometiendo los mismos errores. El problema que tiene el PRD en Guerrero es que ya no puede denunciar al PRI aunque su gobernador perredista se hubiera formado en el PRI, porque de todos modos Aguirre y Abarca llegaron con el apoyo del PRD.
La gangsterización del sistema político es una etapa de descomposición ética de la política. Y deriva en comportamientos autoritarios: el alcalde de Iguala ordenó la represión criminal de normalistas de Ayotzinapa por razones políticas. La policía municipal acribilló una manifestación y secuestró a cuarenta y tres estudiantes para entregárselos a las bandas criminales. Objetivamente, se trató de un acto criminal por razones políticas. Una cosa es que las bandas criminales compren la protección policiaca para sus fechorías y otra que la policía cumpla funciones asesinas que antes correspondía a los mismos delincuentes. Al ser los policías parte de la estructura del Estado, resulta que el Estado deriva en criminal y delincuente porque opera directamente y aliado a las bandas criminales.
Las dificultades del sistema político para encarar la crisis en Guerrero, los problemas del PRD para evitar la renuncia de su gobernador, la falta de razones perredistas para explicar las locuras criminales del alcalde de Iguala, las maniobras priístas para posponer la renuncia del gobernador de Michoacán y la ceguera del PRI, el PAN y el PRD para limpiar Michoacán y Guerrero de gobernantes vinculados al crimen organizado revelan el hecho de que la complicidad ya no es comprada sino de estructuras de poder: la represión como la de Iguala fue criminal porque no respondió a una estrategia de desmovilización de la protesta social sino a actos criminales para matar esa protesta.
Más allá de Fausto Vallejo, de Aguirre Rivero y de políticos sospechosos de estar al servicio de las bandas criminales, el problema radica en la necesidad de frenar la gangsterización del Estado. La verdaderas criminalización de la protesta social no radica en aplicar leyes penales ante agitaciones sociales, sino en usar a la policía para asesinar a grupos de protesta, que fue lo que hizo el alcalde perredista en Iguala.
La incorporación del crimen organizado a través del financiamiento de campañas políticas es hoy en día el principal problema del sistema político priísta. Y como se vio el PRI en Michoacán y el PAN-PRD-AMLO en Guerrero, la oposición al PRI se ha dedicado a fortalecer la gangsterización del sistema político y del Estado evitando que se tomen decisiones radicales para apartar del poder a los acusados de aliarse a las bandas criminales.
