El gobierno federal está obligado al esclarecimiento de los hechos registrados en Iguala, Guerrero y en Tlatlaya, Estado de México, con rapidez, con transparencia, pero sin precipitarse ni perder la cabeza como ya ocurrió cuando el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, buscando una salida rápida salió a decir que las cenizas y osamentas encontradas en el basurero municipal de Cocula, podrían ser las de los 43 estudiantes desaparecidos.
José Enrique González Ruiz, activista social, docente universitario y presidente de la Comisión de la Verdad para el Esclarecimiento de la Guerra Sucia en Guerrero, observó que la hipótesis del Procurador fue inutilizada en pocas horas por los criminalistas argentinos que colaboran en la investigación de Iguala.
Señales de nerviosismo que se traducen en la búsqueda de salidas desesperadas. Signos de la descomposición. Y es que, dijo el doctor en derecho y ciencias políticas, los expertos argentinos lograron, a pesar de que la PGR había señalado que por el estado en que se encontraban los restos óseos resultaba casi imposible la identificación por ADN, sí se ha logrado establecer la identidad de algunas víctimas, como es el caso de un misionero católico africano, reportado como desaparecido en Guerrero, desde mayo de este año.
La búsqueda de los normalistas desaparecidos dio paso al horror de conocer la existencia de muchas fosas clandestinas conteniendo restos mortales de personas que aún se encuentran en calidad de desaparecidas, que no han sido identificadas; el descubrimiento de estas fosas lo ha realizado la comunidad guerrerense, no las autoridades judiciales, destacó.
Criticó las actuaciones de la PGR y del procurador Murillo, luego de que se intentó vender a la sociedad mexicana y a la Opinión Pública Internacional de que los restos óseos calcinados pertenecieron a los 43 desaparecidos por las corporaciones policíacas de Iguala y Cocula y por un grupo criminal identificado como Guerreros Unidos, que en efecto se encontraba al servicio de José Luis Abarca y del Cartel de los Beltrán Leyva.
Sin lugar a dudas deberán dejarse muy en claro los “testimonios” incriminatorios de algunos personajes que salieron no sólo a decir que quemaron los cuerpos de los estudiantes de Ayotzinapa que les fueran entregados por la policía de Iguala, sino que dieron “detalles” de cómo los cargaron, los amontonaron, de cómo realizaron la pira y le prendieron fuego a lo largo de 14 horas para, posteriormente, recogerlos, meterlos en bolsas y tirarlos a un río.
“¿Quién les ordenó que se autoincriminaran? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Con qué objeto? ¿Para esconder qué? ¿Quién se beneficia con esto? Son muchas más las preguntas que han llevado a la sociedad a asegurar que fue un crimen de Estado; son muchas las señales que se orientan, en efecto, a este supuesto. Las actuaciones desde el poder público indican que, de nueva cuenta, está ocurriendo en México lo que creíamos que se había superado: La violencia de Estado, la Guerra Sucia, el exterminio…”, dijo el analista.