Los diputados Rosa María Huerta Valdez y Luis Enrique Acosta Páramo presentaron una iniciativa para reformar la Ley del Registro Público de la Propiedad y del Catastro para el Estado y Municipios de San Luis Potosí. El objetivo es darle certidumbre y seguridad jurídica al procedimiento de elaboración, presentación y aprobación de los proyectos de tablas de valores unitarios de suelo y construcción, que prevé esta ley y para que la ejecución del mismo sea a partir del año 2015.
En la exposición de motivos de la iniciativa presentada, se señala que en el año 2014 los ayuntamientos presentaron sus valores unitarios para los años 2014-2015, mismos que fueron aprobados por la Legislatura para dicho lapso, como se prevé en el decreto 504 Bis y demás relativos publicados en el Periodico Oficial del Estado el 31 de diciembre de 2013.
En esa lógica, es entendible que la obligación a los ayuntamientos previstas en la fracción III del artículo 78 de la Ley del Registro Público de la Propiedad y del Catastro para el Estado y Municipios de San Luis Potosí vigente a partir del 6 de julio del año en curso, relativa a la presentación de los proyectos de valores unitarios de suelo y construcción es para que se aplique en el año 2015.
De igual forma, es comprensible que la atribución enmarcada en el numeral 84 de la Ley, para que el Congreso del Estado apruebe los valores referidos es para que se lleve a efecto en la anualidad subsecuente a la que trascurre.
Por ello, con esta iniciativa se establecerá en la ley mencionada que la obligación de los ayuntamientos de presentar al Congreso del Estado, sus proyectos de valores unitarios de suelo y construcción antes del quince de octubre de cada año, prevista en la fracción III del artículo 78 de esta Ley, será aplicable a partir del año 2015.
Asimismo, la determinación prevista en el artículo 84 de este ordenamiento, relativa a que el Congreso del Estado apruebe anualmente los valores unitarios de suelo y construcción que presenten los ayuntamientos, también será observable a partir del año 2015.
Esta iniciativa se turnó a las comisiones de Desarrollo Territorial Sustentable, Primera y Segunda de Hacienda y Desarrollo Municipal para su análisis correspondiente.
