Los activistas Isabel Miranda de Wallace y Alejandro Martí, junto con representantes de distintas asociaciones y sociedad civil, consideraron «ridícula y ociosa» la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos contra artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales, promulgado el 4 de marzo de este año.
Los integrantes de la sociedad civil acudieron esta mañana a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a entregar el documentoAmicus Curiae (amigo de la corte o amigo del tribunal), en el cual se defienden las nuevas atribuciones a la Policía para eventuales aprehensiones al momento de delitos de flagrancia y la geolocalización como herramienta del Estado.
«Es un tema que ya fue discutido por el Pleno de la Suprema Corte y ahora se insiste en salas, es algo ocioso que se repita la geolocalizción. Estamos de acuerdo con la CNDH que se repita que no se debe retener un testigo por 15 días como lo marca el Código. Pero la idea principal es que no le quiten herramientas a la policía para que pueda trabajar. En las circunstancias que estamos en nuestro país, no le pueden quitar atribuciones a la policía», expresó Isabel Wallace, presidenta de la asociación Alto al Secuestro.
La acción de inconstitucionalidad será revisada ahora en la segunda sala de la SCJN, que preside el ministro Luis María Aguilar Morales, y con quien se han reunido Wallace y Martí.
«Le hemos venido a hacer alegatos de manera personal y creemos que vamos a obtener de manera benéfica el fallo», agregó Wallace.
Detalló que con la acción de inconstitucionalidad que promueve la CNDH se busca revocar a la policía atribuciones como que no se detenga a una persona cuando haya delitos en flagrancia y se tenga un juez de control de inmediato.
«Cosas que de verdad nos parecen ociosas para retrasar el Código, esto ha sido un impulso de la sociedad, muchas asociaciones participamos. La CNDH hace lo que cree mejor, pero se están discutiendo temas que ya se habían tratado con anterioridad», dijo.
En entrevista breve después de entregar el documento en la Oficialía de Partes, Alejandro Martí, presidente de SOS México, explicó que el 4 de marzo pasado se promulgó el nuevo Código y el 3 de abril la CNDH promovió una acción de inconstitucionalidad sobre el tema.
«Venimos como amigos de la Corte a dar nuestra opinión. Fundamentalmente en dos puntos muy importantes. No es posible que la CNDH considere inconstitucionalidad que la policía pueda hacer una aprehensión en un acto de flagrancia y llevándolo en ridículo. Y otro tema es la geolocalización, lo que se usa en todo el mundo como parte de las investigaciones», comentó Martí.