«México requiere instituciones fuertes y justas»: Elías Azar

El presidente del Tribu-
nal Superior de Justi-
cia del Distrito Federal (TSJDF), magistrado Edgar Elías Azar, afirmó que México pasa por momentos de zozobra y desesperanza, momento crítico en que se requiere de instituciones fuertes, comprometidas con la justicia y el derecho, así como de jueces presentes, justos, en los que la gente pueda confiar, mirar a la cara y que hagan del derecho algo mejor.
Lo anterior, en una sesión pública del pleno de magistrados, en la que además se premió a magistrados y dos jueces con el reconoci-miento Fiat Iustitia, que se entrega en colaboración con laComisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) y que galardona a juzgadores que se destacaron por emitir sentencias con apego.
, observancia, interpretación y respeto de los derechos humanos.
«Nuestra presencia es indispensable y nuestra acción trascendente. Nuestra imparcialidad no implica indiferencia y nuestra independencia no implica lejanía. A pesar de los embates del día a día, los jueces mexicanos debemos estar presentes. Defendiendo los derechos y libertades de todas y todos los mexicanos», subrayó.
Con la presencia de la presidenta de la CDHDF, Perla Gómez Gallardo, Elías Azar enfatizó que los integrantes del Poder Judicial local saben que su tarea es precisamente la de proteger las libertades y defender el estado de derecho, y puntualizó que con el galardón Fiat Iustitia se premia a las sentencias no sólo por ser correctas desde el punto de vista del derecho, sino también desde la perspectiva democrática, «Premiamos aquellas sentencias que son claras para cualquier persona, que son accesibles tanto en el contenido, en el alcance, como en la decisión que se plasma en ella», puntualizó.
A su vez, Gómez Gallardo advirtió que aún cuando ya ocurrió un importante reconocimiento normativo de los derechos económicos, sociales y culturales plasmados en instrumentos internacionales de derechos humanos y en la Constitución, todavía existe una distancia entre dicha normatividad y su plena vigencia en la realidad.
Alertó que cada vez, con mayor frecuencia, los juzgadores deberán resolver casos en los que se manejan conceptos tales como derecho al agua, alimentación, vivienda, educación, salario digno, medio ambiente adecuado y a la cultura. Y de igual forma, agregó, tendrán que hacer referencia con mayor asiduidad a los tratados internacionales.
Comentó que la CDHDF tiene establecida la política de reconocer públicamente las mejores prácticas en las acciones institucionales que incluyan el enfoque de derechos humanos y la perspectiva de género. «Consideramos que este premio (Fiat Iustitia) ante la sociedad estimula la cultura de los derechos humanos en el trabajo cotidiano de las instituciones», dijo Gómez Gallardo.
Respecto al certamen de la AMIJ, relativo al reconocimiento a sentencias y mejores prácticas, la magistrada María Estela Castañón Romo, de la Primera Ponencia de la Segunda Sala Penal resultó premiada, por una resolución en la que incorporó la perspectiva de género.
Además, el TSJDF, a través del IEJ, inscribió en dicho certamen el proyecto Sistema de Evaluación para el Cargo de Juez, mismo que resultó premiado en la categoría de proyectos de excelencia e innovación judicial.
En relación al galardón Fiat Iustitia, el reconocimiento se otorgó a magistrados de la Segunda Sala Civil, por una sentencia en la que se reconoció la obligación del Estado de brindar protección de un grupo vulnerable, como son los adolescentes, sin criminalizarlos, y destacando la necesidad de una tutela efectiva de sus derechos.
También se reconoció a la jueza Belem Bolaños Martínez, que como titular del Juzgado Primero de Ejecución de Sanciones Penales dictó una resolución en la que, mediante su fundamentación y motivación, brindó elementos de protección a diferentes personas en reclusión con enfoque de derechos humanos.
Además, al juez Horacio Cruz Tenorio, titular del Juzgado Segundo Civil de Cuantía Menor, por una resolución apoyada en normas convencionales de derechos humanos, que permitieron evidenciar la existencia de un control constitucional y convencional ex oficio, para regular la generación de intereses moratorios, a fin de prevenir y erradicar la práctica de la usura.