IPN, entre el 68 y la UNAM-PRI
Los líderes del movimiento estudiantil del Instituto Politécnico
Nacional en realidad no esperaban que el gobierno federal
aceptara un diálogo público y ahora ignoran qué pedir porque carecen de un modelo educativo de enseñanza técnica.
En este sentido, los estudiantes del Poli podrían quedar atrapados entre el ejemplo de la represión del 68 y el modelo de organización autonomista de la UNAM, los dos operados por el PRI. La salida hacia delante sería rescatar el modelo de autogestión universitaria que propuso José Revueltas en el 68.
Lo peor que le puede ocurrir al Poli es que sus estudiantes pidan autonomía como la UNAM porque ese margen de decisiones propias llevó a configurar en la Universidad una estructura de poder ajena a los estudiantes.
La Junta de Gobierno, que es la autoridad máxima, es un organismo oligárquico formado a imagen y semejanza del rector y ajeno a los intereses de la comunidad universitaria.
En la crisis estudiantil de 1966 que llevó al derrocamiento del rector Ignacio Chávez los estudiantes propusieron la desaparición de la Junta de Gobierno por imponer rectores priístas. Sin embargo, Javier Barros Sierra, que había sido secretario de Obras Públicas del gabinete priísta de López Mateos y luego director del Instituto Mexicano del Petróleo, llegó de emergencia a la rectoría para sostener la estructura de poder priísta en la UNAM.
La crisis del 68 fue producto del desempleo juvenil de egresados cuya formación ya no era requerida por el Estado, pero también porque la autonomía universitaria había separado a la Universidad de la sociedad.
Barros Sierra arribó a la rectoría para reproducir el modelo de dominación cultural del PRI sobre la comunidad de la UNAM, no para representar los intereses universitarios. En la crisis, Barros Sierra se enfrentó al gobierno de Díaz Ordaz por viejos resentimientos de la sucesión presidencial de 1964 y la represión del 2 de octubre de 1968 fue producto de una disputa en las élites priístas por la sucesión presidencial de 1970.
A excepción del rectorado de Pablo González Casanova (1970-1972), los rectores de mediados del siglo XX a la fecha han sido priístas, pasando de posiciones en gobiernos priístas a la rectoría o de la rectoría a posiciones en gobiernos priístas. En la UNAM el ejercicio de la autonomía ha respondido a la lógica de una oligarquía dominante vinculada al PRI. El actual rector José Narro es del PRI, participó en el PRI y terminando su gestión irá a una posición en el gabinete presidencial priísta. El presupuesto se ejerce con autonomía para mantener estructuras de poder ajenas a los intereses universitarios.
Los dirigentes estudiantiles del Poli se han empantanado en la designación de un director general justamente porque carecen de una organización de autogestión que decida en función de un programa de estudios en cuyo diseño hubiera debido participar la comunidad estudiantil y académica. Los líderes han sabido organizar marchas y protestas pero no una buena agenda de reorganización académica de la institución.
Y ante la ausencia de un proyecto de reforma politécnica, el movimiento puede derivar en un CEU de 1989 o de 2000 que paralizó la UNAM sin salidas académicas y con la intervención de la policía avalada en el 2000 por el rector Juan Ramón de la Fuente, quien saltó del gabinete de Zedillo a la rectoría.
Por lo pronto, en el corto plazo, los líderes estudiantiles del Poli debieran ponerle candados para que el próximo director carezca de militancia en el PRI y en el gobierno y pase por un periodo de aprobación estudiantil de su propuesta administrativa. Si no, el Poli terminará como la UNAM: una guarida priísta para un PRI que sigue siendo minoría electoral.
Y de paso, los líderes debieran leer la propuesta de Revueltas de autogestión universitaria.