Las pintas realizadas en las fachadas de los diferentes partidos políticos, conteniendo leyendas en las que se demanda la presentación de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzi-napa fueron consideradas por la Arquidiócesis de San Luis Potosí como un claro signo del agravio social, pero también como una expresión políticamente incorrecta.
El portavoz arquidiocesano, Juan Jesús Priego Rivera, indicó que la movilidad social expresa también, por un lado el agravio social que se desprende de los hechos de violencia y, por el otro, la necesidad de que el aparato público se abra al diálogo con la sociedad reclamante y actúe con sensibilidad, transparencia, prontitud y apego a derecho.
Priego Rivera destacó que los signos de la inseguridad y la incertidumbre en el país se desprenden de un clima desafortunadamente real, de una percepción social que no ha encontrado eco en el aparato gubernamental.
Por ello, llamó a las autoridades a la sensibilidad, a escuchar y a tomar en cuenta los reclamos y demandas de la comunidad, a dialogar con la sociedad civil y a fortalecer el Estado de Derecho. Insistió en que se tiene que favorecer el diálogo para buscar soluciones, porque la violencia no es ni ha sido nunca un camino.
En este sentido, sugirió que la Iglesia Católica mexicana podría, de ser requerida y aceptada por las partes, actuar como mediadora en la búsqueda de atención a las demandas de justicia pronta y expedita para los estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos y sus familiares.
Se preguntó por qué, con los antecedentes de José Luis Abarca, el ex presidente municipal de Iguala de la Independencia, nunca se tomaron medidas en su contra, ya que de haberlo hecho, de haberse investigado el origen de su inexplicable fortuna, se habría evitado lo que ocurrió entre los días 26 y 27 de septiembre, cuando perdieron la vida cinco norma-listas de Ayotzinapa, una veintena resultó herida a manos de las policías municipales de Iguala y Cocula y de un siniestro grupo de sicarios y 43 fueron objeto, desde esas fechas, de desaparición forzada, deslizando la responsabilidad del aparato gubernamental y de los esquemas de seguridad, procuración y administración de justicia, desvanecidos por la corrupción por acción o por omisión.
Llamó a las autoridades locales a abrevar de esta funesta experiencia guerre-rense, para abrir canales de diálogo a la sociedad, para reducir en lo posible los niveles de incertidumbre, atender las legítimas demandas de la comunidad y fortalecer el Estado de Derecho sin caer en tentaciones autoritarias.
