Amnistía Internacional (AI) consideró que la detención del ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y de su esposa, María de los Ángeles Pineda, es un paso adelante, pero insuficiente para solucionar el caso.
De tal manera que resaltó que ante la falta de investigaciones adecuadas, «es evidente que la detención de Abarca y su esposa no será suficiente si no está acompañada de medidas integrales que permitan poner fin a esta práctica, esclarecer el paradero de todas las personas desaparecidas y llevar a los responsables ante la justicia», afirmó Perseo Quiroz Rendón, director Ejecutivo de Amnistía Internacional México. La organización lamentó que al día de hoy, las múltiples medidas adoptadas por el Estado no hayan sido exitosas para encontrar a los 43 estudiantes desaparecidos, lo cual pone en duda la efectividad de las medidas implementadas.
«Las autoridades federales y estatales deben profundizar todas las líneas de búsqueda y de investigación, mas allá incluso de la detención de estas dos personas. Esto con el objetivo de identificar a todas las personas responsables de estos hechos, ya sean funcionarios públicos de cualquier nivel de gobierno o integrantes de bandas delictivas», señaló Quiroz Rendón.
Indicó que «las autoridades también deben responder por la falta de investigación, ya sea por complicidad o por negligencia, con relación a violaciones de derechos humanos y posibles vínculos con el crimen organizado que pesaban desde hace años contra Abarca y Pineda.»
Recordó que pese a la relevancia de estas detenciones, aún continúan prófugas personas que la propia PGR ha identificado como claves para el esclarecimiento total de los hechos y para la ubicación del paradero de los normalistas desaparecidos.
En ese sentido, la obligación de procurar justicia respecto de un caso de desaparición forzada no culmina con la captura de los autores intelectuales, sino con el esclarecimiento del paradero de las víctimas y la sanción de todas las personas responsables.
De acuerdo con cifras oficiales, dice el comunicado de AI, más de 22 mil personas se encuentran desaparecidas o no localizadas en México, por lo que «resulta preocupante que no se especifique cuántas personas son presuntas víctimas de desaparición forzada», precisaron.
