La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) apuntó ayer directamente hacia el “talón de Aquiles” de Estados Unidos, en el manejo de los más de 60 mil niños sin compañía que llegaron a tocar las puertas de su frontera, desde Centroamérica, entre los meses de julio y agosto pasados.
En un exhorto a la administración de Barack Obama, la CIDH le urgió cerrar los centros de detención habilitados en bases militares, y le pidió crear una agencia independiente de investigación para indagar los abusos denunciados por una larga lista de organizaciones defensoras de los derechos humanos en el país.
Aunque la crisis de los niños que han llegado de Centroa-mérica ha ido a la baja, la decisión de mantener activos los centros de detención de familias que permanecen en la lista de espera es una preocupación de la CIDH.
En respuesta, Estados Unidos se defendió ayer al asegurar que, a pesar de la crisis inicial provocada por la oleada de niños indocumentados.
La oficina del Departamento de Salud y Recursos Humanitarios (HHS) se ha encargado de que se observe un estricto respeto de los derechos humanos de los menores, y que prosigan las investigaciones relacionadas con demandas de abusos.
“El gobierno de Estados Unidos respeta los derechos de los detenidos y está comprometido (desde julio pasado) a investigar las denuncias sobre posibles abusos”, aseguró Thimoty Zúñiga-Brown, el coordinador del grupo de trabajo del Departamento de Estado para lidiar con la crisis de los niños no acompañados.
Además, el funcionario insistió en que las condiciones de detención han mejorado sustancialmente desde el verano pasado cuando la crisis sobrepasó la capacidad de respuesta en la zona fronteriza, principalmente en el sector de Texas.
Añadió que desde los primeros días se tomaron acciones para trabajar de forma conjunta con los gobiernos de Centroamérica y México para atajar el flujo migratorio desde la región.
La administración de Obama confirmó que, a pesar de las críticas, continuará manteniendo abiertos los centros de detención en la frontera para acoger de forma temporal a menores y a familias con niños hasta que se resuelvan sus casos de deportación.
Diagnóstico. En el marco del 153 período de sesiones de la CIDH, la audiencia para pasar revista a la situación de los derechos humanos de la niñez y familias migrantes y refugiadas en EU ocupó la atención de los responsables de custodiar los derechos humanos de los niños y las familias que han llegado por lo general desde Centroamérica.
“La Comisión ha expresado reiteradamente que los niños no deben permanecer detenidos en centros de detención”, aseguró Felipe González, uno de los siete miembros de la CIDH que visitó a comienzos de este mes los centros y albergues en los que permanecen familias y menores en Texas.
A pesar de que la situación ha mejorado considerablemente, abogados encargados de representar a varias organizaciones defensoras de los niños y las familias inmigrantes acusaron a Estados Unidos de escudarse detrás de una crisis para dar marcha atrás a principios y derechos a los que la administración estadounidense está obligada a observar, como el debido proceso de todo y cada uno de los detenidos.
“Es sumamente preocupante que el gobierno de Estados Unidos se haya escudado en esta crisis para dar marcha atrás en estándares fundamentales del derecho internacional”, denuncióCharles Abbot, representante legal de varias organizaciones, al denunciar la creación de una red de centros de detención donde no existe un sistema de fiscalización independiente.
“Resulta grave que una persona detenida, una madre con un hijo, ambos en detención, tenga que entregar sus denuncias de arbitrariedades e incluso de abuso sexual en un buzón que va a la misma empresa privada que está deteniéndola, a sabiendas que eso puede significar represalias en su contra”, aseguró Abbot.
Varios miembros de la administración Obama comparecieron en esta audiencia pública de la CIDH, en la que tanto los comisionados como organizaciones no gubernamentales criticaron la manera en la que Washington gestionó la llegada masiva de menores solos a su frontera.
Pero Zuñiga-Brown insistió en que “lo que estamos haciendo encaja perfectamente con el derecho internacional y con las leyes de los Estados Unidos”.