Debido a que sólo 4 de los 2 mil 500 servidores públicos acusados de actos indebidos recibieron una sanción durante el último año del ejercicio de la administración pública, es urgente establecer el Sistema Nacional Anticorrupción en México que propone el Partido Acción Nacional.
Así lo expuso el diputado federal Xavier Azuara Zúñiga, quien informó que el PAN propuso ante la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados la creación del sistema nacional anticorrupción, a fin de que realmente se sancione a todos los funcionarios que incurran en actos indebidos.
Apuntó “el Sistema Nacional Anticorrupción que estamos proponiendo ataca y elimina de raíz el cáncer que está acabando con este país”; y añadió que el Banco Mundial ha expresado que la corrupción cuesta a todos los mexicanos 1.5 billones de pesos, equivalente al 33% del Presupuesto de Egresos de la Federación del 2015 o 45 veces el presupuesto de la UNAM.
“Todos los Estados deben sumarse a esta propuesta toda vez que según Transparencia Mexicana, solo para trámites básicos, las familias destinan 32 mil millones de pesos en mordidas, equivalente a casi el presupuesto de San Luis Potosí”, dijo.
Abundó que la propuesta del Sistema Nacional Anticorrupción plantea crear un Comité Ciudadano para la ética pública, integrado por liderazgos de reconocido prestigio, con el objetivo de instalar en todo el país observatorios ciudadanos que formulen denuncias ante cualquier acto de corrupción.
De igual forma se propone fortalecer la Secretaría de la Función Pública, para que pueda ser un órgano que tenga como función principal prevenir la corrupción, en donde su titular sea designado y ratificado por el Senado de la República.
La propuesta contempla también establecer dos órganos independientes del Presidente de la República, para que sean los responsables de auditar el uso de los recursos públicos y de investigar las quejas y denuncias ciudadanas de posibles actos de corrupción.
Estos órganos serían la Auditoría Superior de la Federación, y una Fiscalía Especializada en combate a la Corrupción, que tendrán la obligación de investigar las denuncias ciudadanas y ejercer acción penal para llevar a los corruptos a la cárcel.
Por último, se retiraría la facultad de sancionar a las Contralorías que dependen de los Presidentes Municipales, Gobernadores y Presidente de la República, para que sean los jueces en materia penal quienes sancionen a los servidores públicos corruptos.