Desde el pasado 14 de septiembre, cuando el Tribunal Unitario Agrario declaró la invalidez de plano de un presunto acuerdo de Asamblea en la que la representación formal de la Comunidad de San Juan de Guadalupe habría determinado sujetarse a una acción judicial de cesión voluntaria de una superficie de 4 mil hectáreas, a favor de cinco acreedores constituidos en asociaciones civiles crediticias, y que reclamaron un adeudo conjunto de 80 millones de pesos, las autoridades agrarias no han cumplimentado esa disposición.
El comunero Tomás Jasso Menchaca, integrante del grupo Emiliano Zapata, indicó que las cinco Sociedades de Crédito Rural, constituidas por miembros del grupo denominado como “Los Juanes Perreros”, encabezados por Juan Fidel Cruz Campos, no han cejado en su demanda de cobrar una deuda presuntamente contraída por la comunidad, con la entrega de una superficie de más de 4 mil hectáreas, mismas qu e estarían en condiciones de entregar a los fraccionadores urbanos, encabezados por Carlos López Medina.
Jasso dijo que asimismo, la Vocalía Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, ni el consejo del Organismo Público Local Electoral, han dado respuesta a una petición de los comuneros para que se proporcione el domicilio actual del ex embajador de México en Chile y ex Cónsul General de México en Hong Kong, Mario Leal Campos, con la finalidad de favorecer la entrega de una comparecencia ante el Poder Judicial, por la apropiación ilegal de un predio que pertenece al polígono de la dotación presidencial a la Comunidad de San Juan de Guadalupe.
La solicitud fue firmada por el comunero Noel de la Rosa y entregada el 13 de octubre, misma que no ha tenido respuesta del vocal ejecutivo del INE, pablo Sergio Aispuro Cárdenas, a quien se le informó el objeto de la petición en el entorno del juicio agrario 296/2014.
Jasso Menchaca dijo que se tiene conocimiento de que el ingeniero Leal Campos construyó sobre terrenos de la Comunidad de San Juan de Guadalupe una residencia destinada a ser habitada por su madre, la señora Odelmira Campos, Viuda de Leal, misma que permanece cerrada y, aparentemente abandonada.
El grupo Emiliano Zapata de la Comunidad de San Juan de Guadalupe se inconformará ante el Tribunal Unitario Agrario al considerar que la instrucción librada en las oficinas centrales de la dependencia, se mantienen en calidad de omisas en la delegación de San Luis Potosí, advirtiendo que esta situación está terminando por enrarecer el clima.
Los comuneros solicitaron la intervención también de la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, a fin de determinar la situación jurídica de las asociaciones de crédito rural que reclaman una deuda global por 80 millones de pesos y para conocer la identidad de los deudores y el fundamento legal para comprometer la entrega de dicho predio.