Diputados de las distintas fracciones parlamentarias cuestionaron al Procurador General de Justicia del Estado, Miguel Ángel García Covarrubias, sobre el uso del aparato de intervención telefónica, adquirido recientemente para realizar investigaciones, a lo cual el funcionario se negó a dar pormenores técnicos, así como las veces en que ha sido utilizado, bajo el argumento que está impedido por cuestiones de seguridad, aunque ofreció informar a los legisladores en privado.
En tanto el diputado Rubén Guajardo Barrera fue el más insistente en demandar acceso a la información sobre el empleo del equipo de espionaje telefónico; el diputado Jorge Alejandro Vera Noyola criticó la falta de confianza en las instituciones de procuración de justicia, y comentó que hay manipulación de datos para hacer creer que la incidencia delictiva ha bajado.
En el marco de las comparecencias de la Glosa del Quinto Informe de Gobierno, García Covarrubias detalló, por otro lado, que a 199 elementos de la Policía Ministerial se les ha iniciado un proceso para ser dados de baja por diversas faltas, como no acreditar las pruebas de control y confianza; además son 62 ex funcionarios en proceso judicial.
Los legisladores realizaron cuestionamientos sobre el índice delictivo, el comportamiento de los policías ministeriales y casos de corrupción, así como las denuncias en contra de funcionarios públicos. De igual forma solicitaron al Procurador la posibilidad de que la dependencia a su cargo evalúe el actuar de los candidatos a un cargo de elección popular de los partidos políticos y de ciudadanos independientes, para tener perfiles lo más sanos posibles tratando de evadir la infiltración de la delincuencia organizada en el proceso electoral del año 2015.
También solicitaron imparcialidad en su actuación al frente de esta dependencia, para evitar actos de represión político – electoral de cara a los comicios del próximo año. Además, que haya una revisión a los agentes del Ministerio Público y de la Policía Ministerial del Estado porque tienen quejas de la población de que en algunos casos cometen abusos.
Los legisladores cuestionaron al Procurador sobre los avances en materia de seguridad pública y administración de la justicia, principalmente de los índices delictivos en San Luis Potosí, las denuncias en contra de funcionarios y ex funcionarios públicos, incluido el caso de la ex presidenta municipal Victoria Guadalupe Labastida Aguirre, las querellas relacionadas a la trata de personas y feminicidios, entre otras preguntas.
García Covarrubias informó que en 2014 ha habido un porcentaje de productividad del 56.8 por ciento en cuanto a seguridad y administración de la justicia. Que se desarticularon 21 bandas delictivas en autos de formal prisión. Se resolvieron 51 mil 621 averiguaciones previas. Se han resuelto 91 homicidios dolosos de 123 denuncias recibidas. Se atendieron a 2 mil 907 personas víctimas del delito.
También habló del inicio del nuevo sistema de justicia penal en el municipio de Matehuala, con una inversión de casi 5 millones de pesos. Además, se invirtieron 9.4 millones de pesos en equipamiento. Se atendieron a 29 mil 505 personas en defensoría social y en servicios periciales se tuvieron 15 mil 672 dictámenes; entre otras acciones.
