El crimen organizado por el dinero que manejan… ningún partido se escapa. Todos los partidos están penetrados
por la vía del dinero o del plomo”. Auto confesión dada en días pasados por el presidente del PRD Carlos Navarrete Ruiz, en el noticiero radiofónico de Carmen Aristegui, para de alguna manera justificar los posibles vínculos del presidente municipal perredista de Iguala, José Luis Abarca Velázquez –ahora desaparecido- con el crimen organizado, después de los hechos sangrientos contra estudiantes de la normal rural Ayotzinapade aquella localidad por manos de policías municipales de ese lugar, que tuvo como resultado la cruel muerte de 3 normalistas, además de un joven deportista, un chofer y una pasajera de un taxi que no pertenecían a la escuela de maestros pero los confundieron y por eso los asesinaron.
Los hechos violentos en aquel municipio del sur del país, ocurridos el pasado 26 y 27 de septiembre, registran dantescas acciones de brutalidad y bestialidad policiaca, entre ellas, el desollamiento de un joven normalista que le arrancaron a golpes -a punta de culetazos- la piel de su rostro y le extrajeron los ojos aún con vida para después rematarlo. Además a estos policías, también se les responsabiliza por la desaparición de 43 jóvenes que después de subirlos a varias patrullas de la corporación policial de Iguala ese día de los hechos, hasta ahora no han aparecido. Al respecto, existe una presunta confesiónde integrantes de una banda delictiva de aquella localidad, quienes dijeron que los jóvenes privados de su libertad y trasladados en camionetas de la policía municipal fueron torturados, asesinados y quemados, mismos, que fueron arrojados a unas fosas en un despoblado de aquél municipio, y que en días recientes, fueron encontrados decenas de cuerpos calcinados en el paraje descrito por los presuntos sicarios, desconociéndose hasta el momento si son los cuerpos de los jóvenes desaparecidos.
Por tan graves hechos de brutalidad policiaca, existen34 personas detenidas, entre uniformados y presuntos integrantes de una banda delictiva, quienes enfrentan varios delitos graves, entre ellos, el de homicidio calificado; el presidente municipal José Luis Abarca y el director de seguridad pública de Iguala, Francisco Salgado Valladares, no han sido localizados. Las aberrantes acciones criminales contra los normalistas no tienen una explicación coherente y racional ¿Por qué tanta saña, tanta sevicia contra los humildes normalistas deAyotzinapa? Que hace cerca de tres años –en diciembre del 2011- también policías estatales del gobierno perredista de Guerrero, reprimieron una manifestación y mataron a dos alumnos de ésta normal.
¿Es que ahora la lucha social debe criminalizarse, y sus actores deben ser ajusticiados, sentenciados y castigados peor que a los delincuentes? ¿Es que ahora, como en el caso de los jóvenes normalistas, exigir mejor condiciones para estudiar y por mejor calidad educativa: es un delito? ¿Es que en nuestro país a nuestros gobernantes y a los poderosos, para ejercer el poder ya les estorba la ley y el debido procedimiento? ¿Es que en México el derecho a la libre manifestación y a la organización, ya son cosas del pasado y tales derechos deben proscribirse?
Lo que si es cierto, es que en varias entidades del país, los gobernantes promueven o brindan impunidad para que manos criminales mediante acciones de violencia y asesinatos, desarrollen un clima de terror para aniquilar a los auténticos movimientos sociales y a sus protagonistas; es el caso de mis compañeros antorchistas de Oaxaca y del Estado de México, en el primero, elgobierno de coalición PAN-PRD, se niega a atender las demandas de sus gobernados y alienta a la violencia y muerte como el pasado 14 de diciembre de 2013, fecha en que once campesinos de Yosoñama (4 varones, 4 mujeres y 3 niños pequeños) fueron masacrados e incinerados cuando la camioneta en que viajaban fue emboscada por un grupo fuertemente armado. Sobre estos hechos, mis compañeros antorchistas oaxaqueños denunciaron el horrendo crimen y demandaron al gobierno del estado la investigación profunda de los hechos y el castigo de los asesinos. Hasta hoy, todo sigue en la más absoluta impunidad. En el caso del Estado de México, sus más altas autoridades han brindado total impunidad a una mafia política del municipio de Ixtapaluca que secuestró al padre de Maricela Serrano Hernández, presidenta municipal antorchista de ese municipio, y a más ocho meses de la desaparición del señor don Manuel Serrano, autoridades judiciales, el pasado 8 de septiembre informaron que el padre de la alcaldesa había sido asesinado por sus captores, que según pertenecen a “un grupo de la delincuencia organizada”, pero que éstos, no se acuerdan donde quedó su cadáver y fin. Toda una cortina de humo para proteger a los verdaderos autores intelectuales de tan atroz crimen, quienes desde que asumió el poder la presidenta de Ixtapaluca, no han dejado día sin estar socavando su temple y su firmeza en favor de los ixtapaculenses más pobres, que son los que la llevaron al poder; una día y otro también, recibe amenazas de aniquilación, hacia ella y sus funcionarios, incluso abiertos atentados y secuestros de sus más cercanos colaboradores o de integrantes de su familia, como lo fue el secuestro de su padre. Terror cruel y despiadado, como el sufren los normalistas de Ayotzinapan.
Tortura, muerte, terror a quienes luchen por una patria más justa, es lo que podremos sufrir los que anhelamos un México con futuro y esperanza; podrán arrancarnos los ojos, el habla o la propia existencia, pero jamás nos quitarán nuestra fe en que algún día las generaciones venideras vivirán en un mundo donde todos seamos verdaderos hermanos, en paz y prosperidad. Punto.
