El procurador Jesús Murillo, dijo hoy que suman ya casi 40 los detenidos por los ataques contra estudiantes registrados hace dos semanas en el sureño Estado de Guerrero, pero admitió que aún no han llegado a los autores intelectuales.
En declaraciones a la emisora MVS, Murillo indicó que si bien han sido importantes las últimas detenciones, que han llevado al hallazgo de 4 nuevas fosas clandestinas, le «interesa más» llegar a los autores intelectuales de los actos que dejaron seis muertos y 43 estudiantes de-saparecidos en Iguala.
El Procurador, quien ayer anunció la captura de cuatro personas, entre ellas un hermano de la esposa del alcalde de Iguala, María de los Angeles Pineda, dijo que «en el curso de la noche» fueron detenidos otros dos implicados en los hechos. Los casi 40 arrestados hasta ahora son autores materiales, precisó.
El 26 de septiembre pasado, la Policía Municipal de Iguala atacó a tiros a un grupo de estudiantes que se había apoderado de unos autobuses, lo que dejó seis personas muertas, 25 heridos y 43 estudiantes desaparecidos.
Sobre las cuatro nuevas fosas encontradas en Iguala, que se suman a las halladas el sábado pasado con 28 cuerpos, dijo que están trabajando con «enorme cuidado» y explicó que todavía desconocen si hay restos humanos en ellas.
«Las tenemos ubicadas», pero todavía «falta ver si en las cuatro tenemos restos», añadió el funcionario.
Con relación al alcalde de Iguala, José Luis Abarca, quien está en paradero desconocido desde finales de septiembre, precisó que la Procuraduría General de la República (PGR) lo está citando para declarar «como posible responsable».
Además, señaló que la PGR ya asumió la investigación del secuestro de siete activistas y el asesinato de tres de ellos en junio de 2013 en Iguala, en el que al parecer está in-volucrado el alcalde, según testimonios de los sobrevivientes.
Dijo que ahora sí tiene «elementos» para tomar el caso, del que fue informado el año pasado por el político del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD) René Bejarano y que hasta ahora era investigado por la fiscalía estatal de Guerrero.
El procurador general negó haber cometido omisión tras la denuncia de Bejarano y argumentó que entonces no recibió pruebas de la vinculación de Abarca y del crimen organizado en el secuestro y asesinato de dichos activistas.
«No es lo mismo hacer una denuncia que probarla», añadió e invitó a Bejarano a aportar nuevos elementos sobre el caso.
