Escaló la presión nacional e internacional para que el gobierno de México investigue y ofrezca resultados concretos en torno a la desaparición y posible homicidio de 43 estudiantes de laEscuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, y que los responsables sean llevados ante la justicia.
Organismos no gubernamentales demandaron conclusiones a corto plazo, mientras miles salieron a marchar en Iguala y el Distrito Federal. Las protestas también se extendieron a otras entidades; la indignación por este caso encontró eco en al menos nueve países, en los que se realizaron manifestaciones frente a embajadas y consulados mexicanos.
Human Rights Watch (HRW), la Oficina de Latinoamérica en Washington (WOLA, por sus siglas en inglés), Amnistía Internacional (AI) y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Guerrero Tlachinollan acusaron una respuesta tardía y limitada del gobierno frente al fenómeno de la desaparición forzada y reiteraron la petición de que se brinde seguridad a los familiares de los normalistas desaparecidos y heridos desde el 26 de septiembre pasado en Iguala.
Maureen Meyer, coordinadora principal del programa México de WOLA, indicó que si se confirma que los cuerpos encontrados en las fosas de Iguala corresponden a los estudiantes normalistas, la masacre sería una de las peores sucedidas en México y una verdadera tragedia, afirmó. “Es urgente llevar a cabo una investigación imparcial, pronta y científica sobre la identidad de estos cuerpos y sancionar a los responsables”.
Dijo que “hay que reconocer el esfuerzo del gobierno de investigar los hechos contra los estudiantes y el paradero de los desaparecidos. No obstante, es preocupante que no se habían investigado y sancionado antes los posibles vínculos entre autoridades locales y grupos del crimen organizado”.
HRW envió una misiva al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en la que reclamó que las acciones realizadas por el gobierno federal para encontrar a los desaparecidos han sido limitadas, a pesar de tratarse de una crisis de derechos humanos.
“Los esfuerzos de México para abordar la gran cantidad de casos de desaparición forzada y personas llevadas ilegalmente contra su voluntad, ocurridos en todo el país durante los últimos años, han estado plagados de demoras inexplicables y anuncios públicos contradictorios”, señaló.
En la carta que envió José Miguel Vivanco, director ejecutivo para las Américas de HRW, criticó que se haya recortado el presupuesto de la unidad especial de la Procuraduría General de la República (PGR) que se creó para este fin, cuando el gobierno ha reconocido una cifra oficial de 26 mil desaparecidos. Mientras que nadie ha sido condenado por desapariciones forzadas después de 2006.
Por su parte, AI demandó acciones efectivas para localizar a los 43 estudiantes desaparecidos;Perseo Quiroz, director en México, reiteró la petición al gobierno federal de brindar protección a los familiares y a las víctimas; de acuerdo con el testimonio de los estudiantes, hay hostigamiento por parte del gobierno estatal en su contra.
“Van a las casas de las familias y les preguntan si ahí vive el estudiante que está reportado como desaparecido y la gente se siente amenazada”, acusaron en conferencia.
En tanto, las autoridades trasladaron anoche de Acapulco a un penal federal a los 22 policías municipales detenidos por la agresión del 26 de septiembre, que dejó un saldo de seis muertos.
Indignación en las calles. En la Ciudad de México, según la Secretaría de Seguridad Pública del DF, alrededor de 15 mil personas marcharon al Zócalo para exigir justicia y que se busque a los normalistas desaparecidos.
En el país las protestas se replicaron. Guerrero fue uno de los sitios clave. En Chilpancingo los asistentes se cifraron en miles, también salieron a las calles de Acapulco, y en Tlapa —en la región de la Montaña—, donde la marcha que inició de forma pacífica se salió de control cuando jóvenes cubiertos del rostro entraron al ayuntamiento, saquearon el inmueble y causaron destrozos.
Estudiantes universitarios, normalistas e integrantes de organizaciones civiles y partidistas también protestaron en Puebla, en Cancún, Quintana Roo; Guanajuato, Oaxaca, Morelos, Veracruz, Michoacán, Zacatecas, Jalisco y Nuevo León, entre otras entidades.
En el mundo. La exigencia de justicia también provocó marchas y manifestaciones afuera de las sedes diplomáticas mexicanas, en respuesta a una convocatoria en redes sociales que encontró eco en Argentina, Canadá, Bolivia, Estados Unidos, Costa Rica, España, Alemania, Noruega e Inglaterra. En todos los casos las pancartas recriminaron la desaparición de los normalistas y exigieron una investigación.