Luego del caso de Julio César Godoy en Michoacán en el 2009, el PRD, sus gobiernos estatales y la Secretaría de Gobernación estaban obligados a aumentar sus cuidados en la designación de candidatos locales. Pero José Luis Abarca Velázquez se coló como candidato perredista en Iguala, a pesar de los datos que advertían relaciones peligrosas con el hampa.
Y como Godoy, ahora el alcalde perredista-petista-movimiento ciudadano de Iguala desapareció ante los datos ya formales de vinculaciones con bandas criminales e involucrado de alguna manera con la masacre de cinco estudiantes de la normal de Ayotzinapa y la desaparición de una cincuentena más.
En el 2012 y en el 2013 circularon en Guerrero informaciones sobre asesinatos de líderes sociales acreditados a Abarca Velázquez, pero sin que alguna persona de la dirección del PRD nacional llamara la atención sobre el asunto.
Pero el problema se agrava más por una doble falla de seguridad nacional por parte de Gobernación en dos de sus áreas poco visibles pero más importantes: el Centro de Información y Seguridad Nacional (CISEN) debe de indagar sobre la organización de grupos disidentes, criminales y antisistémicos y el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal está obligado a un mapa estratégico y de seguridad de los más de dos mil quinientos municipios en el país. A destiempo y para cubrirse, el CISEN dice ahora que ya sabía lo de Abarca y su esposa con el narco. Pero aun así llegó al cargo.
La sorpresa en el caso de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa radicó en la existencia hasta ahora desconocida del grupo Guerreros Unidos como cártel y las relaciones criminales del alcalde del PRD-PT-MC Abarca Velázquez. Los reportes de seguridad nacional no encendieron a tiempo las alertas en los dos casos, a pesar de que se dieron algunos movimientos inexplicables en ambos sucesos: movilización de los normalistas sin razón aparente y focos rojos en Iguala.
En el caso de Iguala existe una relación política que podría ayudar a explicar el agudizamiento de la violencia, la presencia de los Beltrán Leyva y la crisis con estudiantes de la normal de Ayotzinapa:
1.- El sábado 27 de septiembre ocurrió la balacera de policías municipales contra normalistas en Iguala con veintidós estudiantes muertos, mientras el alcalde perredista se encontraba en un baile.
2.- El lunes 29 de septiembre se denunció el secuestro de 57 normalistas, quienes fueron atrapados por policías municipales y grupos civiles presuntamente vinculados al cártel.
3.- En medio de la crisis de los normalistas, el miércoles 1 de octubre en San Miguel de Allende fue arrestado Héctor Beltrán Leyva, el heredero del cártel de los Beltrán Leyva. El dato político radica en la vinculación del alcalde de Iguala, municipio donde estalló la crisis con los normalistas, precisamente con los Beltrán Leyva. Las relaciones de Abarca Velázquez con los Beltrán circulan desde 2012, sin que el PRD o las oficinas de Gobernación hubieran encendido las alarmas.
Como ocurrió con Julio César Godoy durante el gobierno perredista michoacano de su medio hermano Leonel Godoy, ahora en Guerrero de nueva cuenta el PRD quedó atrapado en las redes del crimen organizado con candidaturas no investigadas o candidaturas con complicidades. De poco servirá ahora que el PRD aumente los castigos y quiera expulsar a Abarca Velázquez del partido, cuando durante tres años se movió sin ningún filtro anti crimen organizado.
Queda como constancia la denuncia del EPR que debe preocupar en el CISEN y en el PRD: el arribo de Abarca Velázquez al poder municipal se “logró a base de la compra de conciencias con dinero proveniente del narcotráfico” porque “es un secreto a voces que forma parte del cártel de Guerreros Unidos”.
