Buscarán que más ayuntamientos soliciten recursos de SUBSEMUN

El Consejo Técnico de Seguridad Pública buscará que en el 2015 el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad incremente el número de Ayuntamientos dentro del Subsidio para la Seguridad de los Municipios; y con ello se puedan destinar más recursos para el fortalecimiento de la seguridad.
Leonardo Guzmán Rueda, Secretario Técnico del Consejo de Seguridad, recordó que en San Luis Potosí existen 5 municipios que están integrados dentro del SUBSEMUN, entre los que se encuentran Matehuala, Ciudad Valles, Rioverde, Soledad y la Capital.
Sin embargo, se buscará que el próximo año se reintegre de nueva cuenta al municipio de Tamazunchale y uno más de acuerdo al análisis que se aplique en cuanto la incidencia delictiva del territorio potosino.
El Ayuntamiento de Tamazunchale se encontraba dentro de los municipios beneficiarios del SUBSEMUN al cierre del 2013. Sin embargo, al inicio de este año fue retirado tomando en cuenta que se disminuyo considerablemente su incidencia delictiva.
Cabe destacar que los objetivos generales del SUBSEMUN son: Fortalecer el desempeño de las funciones que en materia de seguridad pública, ejerzan los municipios y, en su caso, los estados cuando tengan a su cargo la función o la ejerzan coordinadamente con los municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal para salvaguardar los derechos e integridad de sus habitantes y preservar las libertades, el orden y la paz públicos.
Profesionalizar y equipar a los cuerpos de seguridad pública en los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, mejorar la infraestructura de las corporaciones, en el marco de las disposiciones legales aplicables, así como para el desarrollo y aplicación de políticas públicas para la prevención social del delito.
Fortalecer los niveles de seguridad y confiabilidad que demanden las instituciones de seguridad pública, mediante la aplicación de evaluaciones de control de confianza homogéneas.
Promover una política preventiva que incida sobre los contextos socioculturales en donde se desarrollan los factores de riesgo que propician la violencia y la delincuencia, desde antes que ocurran los eventos que las detonan. Alinear las capacidades del Estado mediante una estrategia de prevención social del delito, que vincule el quehacer institucional con la participación de la sociedad civil organizada, así como de la ciudadanía que no cuenta con mecanismos de asociación que garanticen su derecho a ser partícipes en los actos de gobierno que los involucran.