Se justifica PGJE ante persecución de Aguilar G.

Miguel Ángel García Covarrubias, titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado, negó que exista una persecución en contra de Rodolfo Aguilar Gallegos, consejero electo del Organismo Público Local Electoral de San Luis Potosí, o en contra de su familia, “pues las labores de revisión en las que intervinieron agentes de la Policía Ministerial se dieron en cumplimiento de una orden de aprehensión.”
Extrañamente, Aguilar Gallegos había dejado de ser presidente del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana desde hace varios años; y no fue sino hasta el lunes cuando el Instituto Nacional Electoral sesionaría para integrar el Organismo Público Local Electoral, cuando la Procuraduría de Justicia del Estado activó una orden de aprehensión en su contra por presuntos delitos cometidos en aquel cargo.
Sin embargo, el Procurador negó filtración de información al notificar al Instituto Nacional Electoral sobre el proceso penal en contra de Aguilar Gallegos, pues aseguró que “así lo establece la ley”; y afirmó que “la ley me obliga a notificarles que se está ejerciendo una acción penal en su contra.”
También dijo, que contrario a lo que señala Aguilar Gallegos respecto a la prescripción de la acusación, que desde el momento en que se consigna la denuncia está dentro de los términos que maneja la ley, por lo cual no se había perdido dicha denuncia no había perdido vigencia.
García Covarrubias desechó que haya algún fin político en estas acciones en contra del ex consejero del CEEPAC y actual consejero del OPLE, pues, dijo, “no tengo algún color, además los hechos son contra las personas en su calidad de funcionarios y si cometen algún error o anomalía se da este caso, no hay persecución contra la familia, era una investigación de ignorar el paradero de la persona.”
La orden de aprehensión en contra de Rodolfo Aguilar Gallegos es por cargos de mal uso de las funciones públicas, el cual tiene como pena de tres a siete años de prisión.