El inicio de la aplicación del nuevo sistema de justicia penal en San Luis Potosí en Matehuala, permitirá corregir los errores o problemas a tiempo antes de ponerlo en funcionamiento en el resto del estado, ya que debe funcionar en su totalidad a más tardar en junio de 2016, afirmó el diputado Jorge Vera Noyola.
Manifestó que al arrancar en un distrito donde se registra menos incidencia delictiva, permitirá realizar un proceso de ensayo-error, lo que ayudará a perfeccionar el sistema detectando posibles fallas, aunque las leyes y la capacitación están diseñadas para que todo funcione con eficacia.
“El objetivo es evitar que, por ejemplo, un homicida se pueda sustraer de la justicia con motivo de una circunstancia procesal por una mala implementación”, dijo el diputado y mencionó que siempre la ley será perfectible, aunque la armonización que se ha hecho en materia legislativa ha sido no solo la suficiente sino la ideal.
San Luis Potosí es de las primeras entidades que cuenta con la coordinación total en materia de leyes derivadas del Código Nacional de Procedimientos Penales, y es después del primer trimestre cuando se genera la primera programación para el inicio de operaciones el pasado 30 de septiembre.
Vera Noyola destacó que de los retos más importantes en esta labor de armonización local de la Ley, ha sido tener los medios alternos a la prisión preventiva y la administración del sistema de justicia indígena y contemplar que accedan a la justicia a través de los usos y costumbres.
“Fue un trabajo que se realizó en conjunto con el Poder Judicial, que es el aplicador primordial de estos sistemas, además de la Procuraduría de Justicia, la Secretaría de Seguridad, la Defensoría Social que estuvieron inmersas en el procedimiento legislativo, para lograr lo más perfecto en cuanto a legislación que podamos tener”, puntualizó el diputado Jorge Vera.
raducida a su lengua materna y en un audio porque esto permite que la gente conozca sus derechos”, señaló.
Indicó que en los foros de consulta se tuvo una participación de 13 mil 880 personas de las cuales se recogieron las opiniones de las comunidades indígenas del estado, por lo que resulta necesario darles una explicación sobre lo que se ha hecho para aterrizar una legislación que vaya acorde a las necesidades de las diferentes etnias.
