Piden evitar que CEGAIP siga siendo un «elefante blanco»

La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública debe contener medidas de apremio, responsabilidades e infracciones, para asegurar el cumplimiento de las resoluciones en la materia, señaló el regidor Jalil Chalita Zaur.
Agregó  que las decisiones de los órganos garantes deben ser cumplidas por todos los sujetos obligados, para evitar impunidad, de lo contrario, la Cegaip seguirá siendo un “elefante blanco”.

Es necesario –dijo—  que exista un mecanismo de infracciones y sanciones por la inobservancia de las disposiciones, de forma que se puedan hacer verdaderamente efectivas las determinaciones de la Cegaip”, añadió.

Subrayó  que en la propuesta de Ley General de Transparencia se prevén modificaciones en materia de apremio y sanciones basadas en responsabilidades administrativas, entre las que se encuentran la amonestación, sanciones económicas y suspensión de funciones de los servidores públicos que incumplan la Ley y eso está muy bien.

“En materia de apremio, se establece la posibilidad de imponer al servidor público encargado de cumplir con la resolución o al particular responsable, amonestación pública o multa de hasta 1 mil 500 días de salario mínimo o suspensión de hasta 90 días, como medidas de apremio para asegurar el cumplimiento de sus determinaciones”, indicó.

Consideró que la Ley General de Transparencia representa una oportunidad para homologar las medidas de apremio en todas las entidades federativas.

“Está bien aumentar las sanciones a los sujetos obligados, pero debemos de buscar otros medios para exigir a éstos, a la autoridad, que cumpla. Lo importante aquí no es imponer una multa…De nada sirve que se imponga una multa si el ciudadano no tiene la información que solicitó”, dijo.

Señaló que sociedad civil exige que se rescate el sentido original del organismo, de manera que atienda al derecho de acceso a la información pública que tienen los potosinos y no a los intereses opacos de los actores políticos que hacen los nombramientos, afirmó.

Criticó que a diez años de que fue creado el organismo que debe garantizar la transparencia en la función pública se haya convertido en una auténtica barrera para que los ciudadanos puedan conocer la forma en que las dependencias gubernamentales aplican los recursos públicos y toman las decisiones que afectan a todos.

“Con verdadera pena nos ha tocado ver cómo en evaluaciones que se han hecho a nivel nacional, nuestra CEGAIP ocupa el último lugar, como los constataron El Capítulo México, de la agrupación Artículo 19 y el grupo Fundar, que en su balance nuestro organismo garante sólo alcanzó 21 puntos de 100 posibles”, expresó.

Por eso resultan vergonzosas y poco creíbles, agregó, las evaluaciones en las que reparte calificaciones casi perfectas al gobierno del estado y a algunos ayuntamientos.

“Viniendo de un organismo tan desacreditado como la CEGAIP, esa calificación no tiene por qué ser motivo de orgullo”,  finalizó.