La Federación Mexicana de Colegios y Asociaciones de Abogados denunció, a través de su presidente Martín Vaca Huerta, la presencia de intereses extrajudiciales en el proceso de selección y designación de magistrados al Supremo Tribunal de Justicia en el Estado.
En la designación de los magistrados se advierte la presencia clara de una mano negra, dijo. Los intereses políticos que alienta el proceso de designación saltan a la vista y resultan ya imposibles de ocultar, constituyendo un grosero agravio contra los abogados pero, más, mucho más grave contra la sociedad en general.
Vaca Huerta dejó en claro que la denuncia enderezada por la Federación Mexicana de Colegios de Abogados que preside no se fundamenta en la crítica y el cuestiona-miento respecto de la capacidad profesional de los designados, sino en la forma en que estos fueron elegidos.
Recordando una frase del analista e ideólogo político Daniel Cossío Villegas, Martín Vaca Huerta citó que “en política el fondo es forma” y en el fondo de la selección de los diez magistrados prevaleció, de manera inocultable y hasta burda, un interés político.
Estableció como una posible línea, por la que se definió el criterio en la selección de estos abogados, el interés que al respecto pudiera guardar el proponente: el gobernador Fernando Toranzo Fernández; o, sus más cercanos colaboradores, aprovechando que la normatividad hasta ahora indica que las ternas tendrán origen en las propuestas que emita el Poder Ejecutivo.
Con la finalidad de evitar manipulaciones que se ajusten más a razonamientos e intereses políticos extrajudiciales, los legisladores debieran plantearse la necesidad de re-analizar el procedimiento, normarlo y ajustarlo a la realidad y a la imperiosa necesidad de democratizar la toma de decisiones, por ejemplo, a través de un proceso abierto y de una consulta a los profesionistas del derecho.
Con esto será posible ajustar los perfiles profesionales, más allá de los intereses y compromisos políticos, señaló el presidente de la Federación Mexicana de Colegios de Abogados.
Lamentó que hasta ahora se continúe con las viejas y viciadas prácticas por las que se hace prevalecer el interés político al interés del servicio a la ciudadanía.
Agregó que, de democratizarse el proceso de selección de magistrados será posible cristalizar un mandato constitucional que subraya la igualdad y la necesaria autonomía de los Poderes Públicos. Un proceso que ya no debe depender –dijo—, de la voluntad y del interés del gobernador y de sus colaboradores.
