En medio de una campaña de presiones encabezada por la revista Esquire México, el caso de Tlatlaya, Estado de México, fue perfilado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como un enfrentamiento iniciado por bandas criminales contra una partida del ejército.
La estrategia de promover la versión de que los delincuentes muertos habrían sido fusilados se caía desde los primeros datos por el hecho de un militar herido y vehículos con ráfagas. El problema se enturbió por la incorporación del asunto de Tlatlaya a la sucesión en la CNDH; sin embargo, los hechos señalan que no hubo fusilamientos.
En el contexto de Tlatlaya la Secretaría de la Defensa Nacional realizó en los últimos tres días —martes, miércoles y jueves— el seminario “La defensa nacional del Estado mexicano” en la Universidad Anáhuac, en el cual participaron mandos militares para analizar la seguridad nacional y los problemas correlativos.
El seminario sirvió para enviar mensajes muy claros: en la inauguración el martes, el presidente de la CNDH, Raúl Plascencia, reveló datos oficiales: las quejas contra presuntos abusos de derechos humanos por parte de militares han sido en este año apenas un tercio de años anteriores, lo que prueba que los militares en operaciones son más cuidadosos con las garantías constitucionales.
Otro dato revelador del ombudsman: alrededor de 200 mil militares —algunos pasaron por dos o tres sesiones— han sido capacitados por la CNDH en el tema de los derechos humanos, la mayor parte de ellos personal involucrado en operaciones. En este contexto, el presidente de la CNDH señaló un principio político de Estado, un nuevo paradigma: los derechos humanos son clave en la gobernabilidad democrática. A lo largo de ocho años, las instituciones de seguridad —entre ellas las fuerzas armadas— han logrado asumir en las doctrinas de defensa, de seguridad interior y de seguridad pública el concepto de respeto a los derechos humanos. El otro mensaje lo dio el jueves, en la clausura, el general secretario Salvador Cienfuegos Zepeda: las fuerzas armadas respetan los derechos humanos, pero aquellos efectivos que no cumplan con este principio serán remitidos a las autoridades correspondientes. Con ello, el secretario de la Defensa Nacional reiteró la no existencia de conflictos en materia de fuero militar: los militares que incumplan la protección de derechos humanos serán juzgados por autoridades civiles.
Más que la reiteración del cumplimiento de los ajustes en las leyes y reglamentos que se han hecho al fuero de guerra para regular la acción de militares en actividades de seguridad interior, el general secretario Cienfuegos Zepeda sigue desactivando cualquier acusación de que el ejército de niega a acatar las leyes civiles.
Los pronunciamientos y debates en el seminario de la Sedena en la Universidad Anáhuac recordaron que las fuerzas armadas nacieron como instancias de disuasión en temas de seguridad ante grupos armados ilegales pero han pasado a ser instituciones de defensa de la sociedad.
En este contexto, el caso Tlatlaya comenzó a desinflar la intentona de la revista Esquire de imponer la versión de supuestos fusilamientos, un argumento que fue inmediatamente retomado por los activistas que han colocado los derechos humanos como instrumentos políticos y que buscan el retiro de las fuerzas armadas de labores de seguridad interior ante el crimen organizado. Sin una policía profesional, las fuerzas armadas son la última línea de defensa de la seguridad ciudadana y de los avances democráticos que destruyen las acciones violentas de la delincuencia.
La versión de Esquire se está quedando como malintencionada.
