Hace cinco la Secretaría Estatal de Gestión Ambiental y su titular Alejandro Nieto Caraveo entregó un permiso a la empresa Cal Química de México, de manera ilegal y en abierta contravención de la declaratoria de Área Natural Protegida otorgada a la Sierra de Álvarez.
La organización ambienta-lista Pro San Luis Ecológico, y el Comité de Defensa de la Sierra de Álvarez, en voz de Francisco Romero Tristán demandaron a esa dependencia estatal abstenerse de renovar el permiso que hoy reclama la empresa canadiense.
Recordó que en el transcurso del mes de agosto un grupo de ciudadanos, y entre ellos no pocos de los afectados por las emisiones de la empresa, se presentaron ante la SEGAM con el objeto de demandar que no se le renueve el permiso solicitado.
Se pidió a los servidores públicos de la SEGAM realizar una serie de estudios in situ, tanto en las inmediaciones de la planta calera, como entre los centros de población aledaños y las áreas boscosas, a fin de que conozcan a mayor profundidad los daños ocasionados por las operaciones de la misma.
No obstante la demanda planteada al mencionado servidor público, ni éste ni la dependencia estatal han ofrecido respuesta alguna, violentando así los derechos de los ciudadanos, tutelados por la norma constitucional.
Destacó que en diversas ocasiones, asimismo, se ha solicitado la intervención del propio gobernador Fernando Toranzo Fernández, sin que éste, el despacho del gobernador, la Secretaría General de Gobierno y ninguna instancia, hayan ofrecido alguna respuesta. Pidieron a los potosinos tomar conciencia de la gravedad de los hechos, así como de los efectos que se deprenden de políticas públicas mal aplicadas y torcidas según la conveniencia de los servidores públicos y que han dado al traste, incluso, con el patrimonio monumental, histórico y cultural, del Cerro de San Pedro, que ha sido cambiado por un gigantesco cráter.
Pro San Luis Ecológico consideró que una de las más grandes fallas de la administración torancista se ha centrado, precisamente, en la ausencia de políticas públicas para la defensa y protección del medio ambiente y del patrimonio histórico-cultural.
