Congreso pide quitar concesión a minera

La Comisión Especial de la Cámara de Diputados para dar seguimiento al derrame de diversas sustancias tóxicas en los ríos Bacanuchi y Sonora, concluyó que dicha entidad y sus habitantes “no se han beneficiado” de la explotación de diversos recursos naturales por parte de la empresa Gru- po México y su filial la mi-na Buenavista del Cobre S.A. de C.V.
Corroboraron que las minas han puesto en riesgo la vida humana, el entorno ambiental y el desarrollo económico de la región.
En el informe aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados se exige a la autoridad competente redoblar las acciones de vigilancia y supervisión de la mina Buenavista del Cobre, para revisar las violaciones con el “objeto de proceder a la suspensión de actividades y a la evaluación de la cancelación de la concesión otorgada a Grupo México”.
Al debatir el informe, los diputados Cristina Olvera (Panal, Lilia Aguilar (PT), Alfonso Durazo(MC), Ximena Martel (Verde), Miguel Alonso Raya (PRD) y José Enrique Reina (PAN) exigieron que se le retire la concesión a Grupo México por este desastre.
Al presentar las conclusiones ante el pleno de San Lázaro, el presidente de la comisión especial,Marco Antonio Bernal (PRI), dijo que además del fideicomiso de dos mil millones de pesos que pondrá Grupo México, se debe crear otro Fondo de Desarrollo Regional de cinco mil millones de pesos, solventado por dicha empresa. Con este fondo adicional se busca que se “detone el potencial de desarrollo que Grupo México le ha escamoteado a la entidad”, detalla el informe presentado.
Esto servirá, dijo, para atender a la población afectada, evaluar hasta dónde ha llegado la contaminación y vigilar la presa El Molinito, que abastece de agua a la ciudad de Hermosillo; así como reactivar económica y socialmente la región y abastecer de agua potable la región.
En el informe se detalla que la extracción de las riquezas minerales no ha ayudado a elevar el nivel de vida de los sonorenses; al contrario, Grupo México y Buenavista del Cobre lejos de actuar como una empresa responsable, respetuosa del medio ambiente y solidaria con la población de la zona “ha puesto en riesgo la vida humana, el entorno ambiental y el desarrollo económico de la región”.