No por decreto es la política económica y social

Le suena familiar esta argumentación?: “el crecimiento del empleo era tan lento que los economistas decían que llevaría hasta el 2021 recuperar los trabajos perdidos o nunca creados por la recesión (del 2008) y sus consecuencias; empero, como el ritmo del empleo se ha acelerado algo, los trabajos perdidos se recuperarán para el 2018.
Aun así, cinco años de una recuperación económica que ha sido notable por el resurgimiento de las utilidades empresariales, el número y calidad de los empleos todavía están quedándose muy atrás, igual que lo están sueldos y salarios.
En 2013, la proporción en la economía de las utilidades después de impuestos igualó el mayor nivel en registro (de 1965), en tanto que la parte en la economía de las remuneraciones al trabajo llegó a su nivel más bajo desde 1948.
El crecimiento de los salarios desde 1979 no ha alcanzado el de la productividad, lo que ha resultado en salarios en descenso o estancados para la mayoría de trabajadores y en grandes ganancias para los cofres empresariales, los accionistas, los ejecutivos y otros en la cima de la escala de ingresos.
Peor, la reciente alza del crecimiento, aún si se sostiene, no necesariamente llevará a un mejoramiento sustantivo de los niveles de vida de la mayoría de trabajadores.
Esto porque el desequilibrio de la economía no es principalmente el resultado de las fuerzas del mercado, sino de la falta de políticas para asegurar una más amplia prosperidad. El desbalance no cambiará sin reformas laborales y económicas”.
¿No recuerda también el escamoteo del salario y prestaciones laborales al trabajador?, el “robo de salario”, así calificado, “que resulta de fundamentales cambios en la estructura de negocios: el uso creciente de operadores de franquicias, subcontratistas y agencias de empleo temporal”.
Bueno, esas realidades se dan en Estados Unidos actualmente, y nos advierten del severo impacto de las pérdidas laborales por la macro recesión del 2008 y de las consecuencias del outsourcing o la tercerización. (Citas de editorial “Sueldos y salarios todavía atrás cuando las utilidades empresariales resurgen”, y artículo de Steven Greenhouse “Más trabajadores reclaman robo de salarios”, New York Times, 31ag14).
En México es obvio que somos parte de esas situaciones de desigualdad económica. “De acuerdo con cifras del INEGI, la productividad laboral de la industria manufacturera, medida con base en las horas trabajadas, fue al cierre del primer trimestre de este año un 8.9 por ciento superior.
En series desestacionalizadas, a la que se registraba en mismo periodo del 2008, previo a la crisis financiera global.
No obstante, las remuneraciones medias reales de los empleados del sector, variable que considera salarios, prestaciones sociales y utilidades repartidas a los trabajadores, y excluye gastos de capacitación y uniformes de trabajo, son ahora un 1.1 por ciento menores, comparando promedios anuales móviles” “Sube productividad; congelan salarios”, Abraham Saucedo. Reforma, 29ag14).
Esto se da en nuestro país, especialmente en los sectores de producción, aún con más agravantes para el factor trabajo por la amplísima proporción de los trabajadores que laboran en la informalidad, sin seguridad social ni prestaciones, por la mayor impunidad en lo que hace al “robo de salarios” y, en muy buena parte, por la ausencia de políticas públicas que verdaderamente se propongan eliminar, no tan solo paliar con subsidios, esos desequilibrios básicos. El actual debate, provocado con intereses electorales, sobre el incremento del salario mínimo nos muestra cómo la discusión se queda en la superficie.
¿Es válido determinar que con un aumento al salario mínimo de 67 a 83 pesos diarios le será posible a un trabajador satisfacer sus necesidades normales? (solo como lejana referencia, mencionemos que en Estados Unidos, una orden ejecutiva incrementará el año entrante el salario mínimo de 7.25 dólares a 10.10 dólares por hora de trabajo).
¿Para evitar el robo de salarios, se van a tomar las medidas necesarias como la inscripción de todo trabajador a la seguridad social, el pago justo de horas extras, proporcionar adecuado equipo de trabajo? Como concepto resulta interesante la “productividad democrática” de la que ahora se habla, entendida como una repartición justa entre el capital y el trabajo de los aumentos en la productividad, pero ¿qué políticas públicas se tomarán para lograrla?
Requerirá ser “internalista”, es decir, que se incremente el contenido nacional en la producción y que con ello se fortalezca el mercado interno, como ya reclaman los propios industriales; también, que además del contratismo y las megaobras públicas, se haga mucho mayor hincapié en la microadministración.
Con tres importantes objetivos: atender de la mejor manera las tan frecuentemente olvidadas necesidades de obras y servicios más cercanos a la población, estimular el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas y propiciar una mejor distribución del ingreso nacional.
A propósito, aparte de conocer un cálculo de los proyectos alternativos de inversión de 169 mil millones de pesos en obras de estímulo a la producción agropecuaria e industrial, sería muy interesante que en esta avalancha de propaganda oficial los ciudadanos supieran, para una mejor evaluación, qué tanto del costo de la megaobra del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México irá al factor capital y qué tanto al factor trabajo, e igual, qué proporción beneficiará a la producción y el talento internos y cuánto a los del exterior, así como el impacto ambiental y el centralismo económico del proyecto.
Esperemos que el paquete económico para el 2015, que hoy presenta el presidente Peña Nieto, considere que no es por decreto ni con las solas reformas estructurales que mejorarán los ingresos de los trabajadores; se requieren políticas públicas y sociales ad hoc.