El Congreso Nacional Agropecuario y la Unión Campesina Democrática a nivel estatal y nacional demandarán en los próximos días una reunión con las autoridades federales y estatales para que se ofrezcan soluciones claras, reales y urgentes a las problemáticas y demandas de los campesinos del Pujal-Coy y de los habitantes de las comunidades rurales aledañas.
Así lo puntualizó ayer la ex legisladora local y lideresa estatal de la Unión Campesina Democrática, Guadalupe Castro Almanza, quien destacó la aguda problemática del complejo agropecuario del Pujal-Coy, y que entraña una conflictiva interna, derivada de una feroz lucha por el control territorial, político y electoral de dicho complejo, así como de la inseguridad en la tenencia de la tierra y de la producción agropecuaria.
Castro Almanza indicó que en el colmo del desinterés y la apatía mostrada por las autoridades del Poder Ejecutivo estatal, encabezados por el doctor Fernando Toranzo Fernández, resulta que se ha mostrado omiso en la responsabilidad de procurar el bienestar social de sus gobernados, al permitir la imposición de un proyecto de extracción y conducción de agua del Río Coy (el Proyecto Monterrey VI) consistente en llevar el agua hasta la capital regiomontana y su conurbación con San Pedro Garza García –el municipio más rico del país–, a costa de la afectación a la población huasteca, a la producción de alimentos, y a la seguridad en el suministro de agua potable.
Guadalupe Castro apuntó que el contexto en la zona Huasteca es de inseguridad integral: la pobreza se ha profundizado, el empleo ha desaparecido, la contaminación de aguas y tierras ha aumentado de manera alarmante, sin que el gobierno potosino salga de su apatía.
Observó que en la actualidad, la zona Huasteca y la totalidad del estado, se encuentra viviendo una aguda crisis de abasto de agua potable y de agua para impulsar la producción y la productividad agropecuaria; la crisis se advierte ya, incluso, en la conurbación de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Cerro de San Pedro, Mexquitic de Carmona y Villa de Zaragoza, donde cientos de miles de personas carecen del servicio regular de agua.
El gobierno de San Luis Potosí se ha caracterizado por escatimar los derechos fundamentales de sus conciudadanos para entregarlos a empresas depredadoras como es el caso de la Minera San Xavier, en Cerro de San Pedro, y que a más de destruir irreversible e impunemente el patrimonio histórico-cultural representado por el Cerro de San Pedro, amenaza con contaminar el acuífero profundo del Valle de San Luis con cianuro de sodio y, en consecuencia con la afectación de más de un millón y medio de personas.
En esta depredación del medio ambiente, y que ya está derivando en un alarmante incremento de las enfermedades crónicas letales, han sido cómplices los gobiernos federal y del estado, así como las autoridades municipales que han privilegiado sobre el interés ciudadano, el interés de los capitalistas que han venido a depredar a San Luis Potosí.
Tal actitud –dijo la ex legisladora local–, no es desconocida, sin recordamos la protección por la que la empresa Industrial Minera México, ha logrado años de impunidad a pesar de ser fuente de enfermedades letales por sus emisiones de plomo, destacó.