La virtual eliminación de subsidios al consumidor de energía eléctrica se traduciría en el mayor beneficio a los altos consumidores de ésta y en un golpe radical a la economía de los usuarios domésticos y del sector agropecuario, para los que representará un impacto de entre 200 y 300 por ciento, estimó el abogado José Enrique González Ruiz.
El abogado dijo que algunos estudios, como el realizado por el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) en noviembre de 2011, dan cuenta de cómo en el rubro de subsidios a la energía y en el cálculo de las tarifas al consumidor, se endosan las pérdidas generadas por la Comisión Federal de Electricidad, consideradas como la quinta parte de su capacidad de producción, así como los abusos orquestados a favor de los trabajadores sindicalizados y sus familiares, quienes no pagan por el consumo.
Desde luego, el cálculo de la tarifa, implica también la absorción de prácticas de robo de energía y los subsidios otorgados a los grandes consumidores públicos y privados.
De acuerdo con los datos del CIDE, el sistema tarifario mexicano es un auténtico galimatías y es considerado como uno de los más complejos a nivel mundial, toda vez que contempla 112 estructuras tarifarias distintas que dependen de factores como nivel de consumo, temporadas y zonas geográficas, así como su distribución (uso y consumo) en las entidades paraestatales.
Ahí es donde resalta el hecho de que los trabajadores sindicalizados de la Comisión Federal de Electricidad se encuentran exentos del pago de energía. Estos y otros factores señalados por el CIDE dan cuenta de que los subsidios no son imputables totalmente como beneficios al consumidor, a los que sólo se compensa de manera parcial, al incluirse en sus requerimientos de pago los costos de los errores técnicos, la obsolescencia del sistema eléctrico, los robos de energía y hasta las exenciones a los trabajadores de la CFE, a los políticos y servidores públicos, entre otros.
Todo lo anterior sin dejar de lado el gasto energético de las instituciones públicas federales y estatales, así como a las políticas de auxilio interfronterizo que ofrece México a Estados Unidos de América del Norte, particularmente en los temporales de frío o de intenso calor.
El abogado dijo que, según los estudios del CIDE, advirtiendo que las cifras observadas estarían modificándose al alza, las pérdidas de operación de la CFE estarían en el rubro de 14 por ciento, asociadas al robo de energía, fraude o alteración de medidores.
Pero también a las políticas salariales que benefician a los trabajadores de la CFE con incrementos superiores al 100 por ciento; a las prestaciones de los trabajadores jubilados que cuentan con el derecho de recepción en sus domicilios de hasta 350 kilowats-hora mensuales, lo que para el año de 2007 equivalían a unos 10 mil pesos anuales y que en su conjunto suman mil millones de pesos (a valores de 2005-2007, por lo que en 2013-2014, se habrían por lo menos triplicado) restados al erario público.
Eso hace que los mencionados subsidios sean regresivos en términos reales, beneficiando sólo al 10 por ciento de la población más rica y con mayores niveles de consumo.
Lo anterior ilustra la recurrente corrupción del sector energético (lo mismo ocurre en Pemex) y destaca que la solución no radica, precisamente en la eliminación de los subsidios energéticos, sino en el combate a la corrupción y el reordenamiento del programa con miras a beneficiar a la población, reducir el impacto negativo sobre el nivel de vida y generar mayores y más eficientes sistemas de justicia social distributiva con énfasis en las comunidades más pobres, indicó el abogado.