Aumento al salario mínimo, ¿justicia social o bandera política?

Una vez más nos encontramos ante la disyuntiva sobre un tema crucial de alto impacto a nivel social y económico: aumentar el salario mínimo que perciben actualmente 6.7 millones de mexicanos, y que en su rango más alto asciende a 67.29 pesos diarios en el área geográfica “A” y 63.77 pesos diarios en la “B”.
Ingresos paupérrimos que nos colocan por debajo del “umbral de la pobreza extrema”, como advirtió la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Alicia Bárcena. Datos vergonzantes si consideramos que en México hay 12 millones de personas que ganan entre uno y dos salarios mínimos, aunque para mantener a una familia se requiere un ingreso mayor.
De acuerdo con la Cepal, en México casi 14% de los ocupados recibe un salario inferior al mínimo, mientras que dos de cada cinco personas que se ubican en la economía formal perciben dos salarios mínimos “cuando mucho”, generando una pérdida de casi 70% del poder adquisitivo real del salario mínimo, al que hay que agregar un estancamiento acumulativo desde 1980.
Pero más allá de la frialdad y contundencia de los números, que confirman la urgencia de revisar el tema, vemos ahora un debate entre diversos actores políticos, primero por la paternidad de la propuesta y, segundo, por el método de cada uno para llevar a buen puerto el éxito de la misma. Casualmente, todo en el banderazo de arranque rumbo al proceso electoral del 2015.
La polémica ya no estriba en la supervivencia de millones de mexicanos que realizan milagros con su ingreso, sino ¿cómo se podrá capitalizar mejor el resultado? Los del PAN, encabezados por Gustavo Madero, quieren realizar una consulta para recolectar dos millones de firmas que respalden su exigencia; Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno del Distrito Federal, sugiere que se ubique en 80 pesos diarios y los próximos 27 y 28 de agosto hará oficial ante la Secretaría del Trabajo capitalina su propuesta.
Incluso, el gobernador de Chihuahua, César Duarte, presentó un planteamiento al secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete, a fin de que se revise el tema en el Congreso de la Unión. El pasado 15 de julio, durante la visita del funcionario federal a la entidad, Duarte entregó la solicitud y calificó el salario en México como obsoleto y advirtió que fomenta la explotación de los ciudadanos, pues requieren hacer horas extra para incrementar sus ingresos.
Sin duda, tener una mejor remuneración salarial es la premisa básica y de urgente justicia social. Sin embargo, el tema se maneja ahora con bandera política y cuando esto sucede sabemos que poco o nada se logrará, pues en el ajedrez electoral los partidos y los funcionarios moverán sus piezas a conveniencia.
Afortunada o lamentablemente, según la experiencia de cada mexicano, hemos aprendido a navegar en las aguas procelosas del discurso prometedor de los políticos, y les resultará cada vez más difícil vender espejitos a cambio del voto.
Vericuentos
Ausencias en Palacio
Mientras que algunos califican como un parteaguas la promulgación de las leyes secundarias de la reforma energética por el presidente Enrique Peña, en Palacio Nacional, hay otros que no lo consideran así y brillaron por su ausencia. Anoté usted a los gobernadores de Morelos y Tabasco, así como al jefe de gobierno y a los líderes camerales Miguel Barbosa y Silvano Aureoles.
Sastres aduanales
Trajes a la medida son los que elaboran el agente aduanal Roberto Ruiz Armas y el administrador general de aduanas del SAT, Alejandro Chacón. Lo anterior se sustenta en el hecho de que hay colaboradores cercanos a Chacón que sólo asignan “identificadores” para la importación de mercancías, y sobre todo de autos, a las empresas de Roberto Ruiz. Entre los funcionarios que hacen este trabajo están Marco Flavio Rigada y Diana Rojas, quienes en lugar de conducirse con imparcialidad y apego a derecho, de manera sigilosa, trabajan de la mano del agente aduanal. Aristóteles Núñez, jefe del SAT, nos aseguran, ha sido categórico en señalar que no permitirá ningún tipo de conducta fuera de la ley en la institución que él dirige. Ojalá y erradique este tipo de prácticas.