Congreso pedirá destituir a magistrados del TECA

El Congreso del Estado exigió la destitución de los magistrados del Tribunal Estatal de lo Contencioso Administrativo, Juan Manuel Arias González y Vladimiro Ambriz López, por haber permitido el embargo de cuentas bancarias municipales a los ayuntamientos que enfrentan procesos jurídicos laborales por pago de laudos.
La diputada Rosa María Huerta Valdez, presidenta de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, informó lo anterior, al manifestar que se cometió una irregularidad, porque el dinero de las arcas municipales es público e intocable ante estos conflictos.
Empero, dijo, abogados defensores de ex burócratas municipales “son muy mañosos y han propiciado esta situación auspiciados por el consentimiento del TECA”. Y agregó: “Estamos interviniendo, porque son inem-bargables las cuentas municipales de los ayuntamientos, por lo que le vamos a dar un jalón de orejas a los magistrados del TECA, incluso estamos solicitando su destitución”.
Consideró que el TECA procedió inconstitucionalmente al permitir el embargo de las cuentas municipales, porque el dinero forma parte de los recursos públicos y no de los Ayuntamientos.
“Debe haber gato encerrado, (dijo en relación al desempeño del tribunal); y vamos a ir hasta las últimas consecuencias incluso un juicio político”, subrayó.
Recordó que los juicios laborales además de ser tardados, se ganan en la mayoría de los casos con recursos muy por encima de lo realmente demandado; y recordó que en su caso ella demandó al municipio de Ebano en 2009 por tres meses de pago y su respectivo aguinaldo.
Por ese proceso, ganó un juicio por 900 mil pesos, mismos que regresó para no provocar un daño a las arcas municipales y sólo tomó 70 mil pesos, que eran lo que justamente le adeudaban. “Ahí están esos expedientes para que puedan verificarlo. Pero en la mayoría de los laudos laborales son injustos para los ayuntamientos”, asentó.
Al respecto, el alcalde de Cárdenas se quejó porque el TECA embargó todas sus cuentas bancarias, incluyendo las que reciben los recursos del ramo 33.
Afirmó que “al Congreso del Estado no le temblara la mano” para proceder conforme a derecho en todas las obligaciones de la administración pública, incluso en las sanciones interpuestas por la Auditoría Superior del Estado a funcionarios municipales por los resultados de sus cuentas. Acerca de esto, dijo que ya existen 6 órdenes de aprehensión en la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Adelantó que para el próximo mes se tienen previstos 100 expedientes más por irregularidades en la administración pública, principalmente de pasadas administraciones municipales. “La ciudadanía nos dio su voto de confianza y no vamos a defraudarla”, sostuvo, por lo que, agregó, “vamos a sancionar a todos los malos funcionarios sean del color que sean”.
La también secretaria general del PRI en San Luis Potosí dijo que el Poder Legislativo está solicitando a las diversas instituciones agilizar las sanciones respectivas, porque existen expedientes desde 2006 de ordenes de aprehensión.