Organizaciones no gubernamentales y defensores de derechos humanos iniciaron una estrategia jurídica para presionar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a pronunciarse y declarar inconstitucional la reclusión en estaciones y operativos de verificación contra migrantes en territorio mexicano.
Los abogados Santiago Corcuera y José Antonio Guevara entregaron el 1 de julio pasado un escrito para pedir al ministro presidente de la SCJN, Juan Silva Meza, y a los presidentes de la primera y segunda salas de la Corte —Jorge Mario Pardo Rebolledo o Luis María Aguilar Morales, respectivamente— una “acción declarativa de certeza” que dé como resultado la ruta de discusión por el casoRosendo Radilla.
José Antonio Guevara, director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, denunció que “en la práctica” los migrantes no cuentan con un recurso a partir del cual puedan impugnar o verificar la legalidad de su detención, como la violación o no de sus derechos humanos.
“La acción declarativa de certeza se da cuando existe un derecho y que no tiene un recurso para su protección y que se estén violando derechos”, explicó Guevara.
Desde la perspectiva de Santiago Corcuera, vicepresidente de la asociación civil Comisión Mesoamericana de Juristas, el Poder Ejecutivo está interesado en que el Poder Judicial determine cómo debe interpretarse la ley general de migración, precisamente porque el Instituto Nacional de Migración (INM) “está rebasado”.
Corcuera y Guevara impulsan este instrumento desde las asociaciones que representan. Ambos conocen el problema de la migración en México, ya que el primero es miembro del Comité sobre las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y el segundo es desde junio de este año integrante del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias del mismo organismo.
Guevara precisó que si la Corte decide abrir el expediente y reconocer que en efecto hay problemas de constitucionalidad entre la ley, el efecto inmediato es que instruya a los tribunales analizar bajo otros argumentos los amparos que inicia un migrante. Expuso en una cifra conservadora que al menos 300 amparos promovidos para la protección de derechos humanos no tuvieron un resultado positivo para el promovente.
“Es necesario que el asunto se vea desde la perspectiva de la detención, no del acto administrativo. Eso podría ser muy bueno, porque los jueces sabrían qué tienen que hacer y eventualmente la ley [detenciones] se puede combatir”, concluyó.
—¿La sucesión de la presidencia de la Corte entrampa esta discusión o pronunciamiento? —se le preguntó.
—“No sé qué tanto el presidente actual [Juan Silva Meza] quiera apropiarse de este tema. Esta presidencia tiene un aparente compromiso con los derechos humanos, pero en la práctica la Corte no es consistente con esta visión. A mí me parece que el presidente de la Corte como medida simbólica de salida —y porque pretende ser un defensor de derechos humanos— lo mínimo que puede hacer es darle curso a este recurso discrecional”.
Los abogados presentaron el 1 de julio en la Oficialía de Partes del máximo tribunal una solicitud para que los ministros de la SCJN abran un expediente y analicen la constitucionalidad de la política migratoria en el país. El documento cuenta con la firma y aval de 40 organizaciones civiles y defensores de derechos humanos.
Santiago Corcuera solicitó a los ministros ser “sensibles” ante la violación de los derechos humanos de los migrantes en tránsito que atraviesan el país. Pero hasta hoy no ha habido respuesta de la Corte.
La estrategia jurídica busca lograr una resolución similar a la del llamado caso Rosendo Radilla en relación a cuestiones de constitucionalidad y convencionalidad de actos de autoridad y leyes vigentes en México.
Entre las organizaciones que firman el documento están Sin Fronteras, Instituto para la Seguridad y la Democracia, A.C. (Insyde); Movimiento Mesoamericano, Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi); fray Raúl Vera López, obispo de la Diócesis de Saltillo; el padre Pedro Pantoja, de Belén Casa del Migrante, y el padre Alejandro Solalinde, del albergue Hermanos en el Camino.