“Aunque lo inmediato consiste en preservar el patrimonio nacional representado por la empresa Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, no puede desestimarse el rescate y la preservación de la educación pública. Entendiendo que esta es la llave del progreso del país en el mediano y largo plazos”, advirtió el analista político, catedrático e investigador universitario José Enrique González Ruiz.
El doctor en derecho dijo que un país que no le apueste a la educación no puede aspirar a ser un país desarrollado. Indicó que el tema del petróleo y de la electricidad constituye también un desafío para la educación y para la capacitación y el desarrollo científico y tecnológico, pues en un plazo no muy lejano tendremos que implementar energías limpias y de menor costo y, sin educación, sin ciencia y sin tecnología, no vamos a ser capaces de asumir el reto.
Es por ello vital la preservación del derecho a la educación que es, además, un derecho humano, sostuvo el catedrático. Resulta del todo inexplicable cómo en el Congreso de la Unión se esté dando celeridad a la aprobación de las reformas que sólo beneficiarán a unos pocos y afectarán el futuro y la seguridad de los más; de millones que se han visto afectados por la insuficiencia en sus ingresos, por la ausencia de oportunidades de desarrollo, de educación y de salud.
Los analistas han ubicado, vergonzosamente, a nuestro país como el país con las mayores desigualdades sociales y, al mismo tiempo como un país con un desarrollo potencial único, pero que no puede ser aprovechado por causa, precisamente, de la desigualdad.
Contra todo lo que se nos quiere hacer creer a los mexicanos, la sociedad organizada continúa luchando para salvaguardar los derechos a la educación, a la seguridad y certidumbre laboral en las comunidades urbanas y rurales.
Respecto de Petróleos Mexicanos, en los medios de comunicación bajo el control del gobierno federal, se nos dice, se nos bombardea con supuestos beneficios que no vemos por ninguna parte o que vemos y sentimos invertidos, traducidos en un grave deterioro en la calidad de vida de más de 65 millones de personas de los 110 o 112 millones de mexicanos que somos actualmente, sin contar con los 30 millones que ya han sido expulsados de nuestro país y que residen en el exterior y mayoritariamente en los Estados Unidos, observó el doctor en derecho y ciencias políticas.