Las principales fuerzas políticas en la Cámara de Diputados avalaron ayer ajustes a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en la cual se autoriza que el gobierno federal absorba, de manera proporcional, el pasivo laboral de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que sean dos empresas con finanzas sanas después de la reforma energética.
Los coordinadores parlamentarios del PRI, PAN, PVEM y Panal, acordaron en San Lázaromodificar el dictamen original, que fue debatido la madrugada de este sábado, para eliminar de los artículos tercero y cuarto transitorios el término “pasivo laboral” y redefinirlo como “pensiones y jubilaciones”.
Además, en la ley se define que el pasivo laboral de ambas empresas asciende a 1.7 billones de pesos producto de sus balances iniciales y no actuariales; la deuda de Pemex es de 1.1 billones y la de CFE de 0.5 billones.
“El gobierno federal podrá asumir una proporción de la obligación de pago de las pensiones y jubilaciones en curso de pago, así como las que correspondan a los trabajadores en activo de Pemex y sus organismos subsidiarios reconocidas a la entrada en vigor del presente decreto y registradas actuarialmente en sus estados financieros”, detalla la propuesta de modificación.
Manlio Fabio Beltrones, coordinador de los diputados del PRI, y Juan Bueno Torio,vicecoordinador económico del PAN, señalaron que por cada peso que las empresas aporten para reducir sus deudas en pensiones y jubilaciones, el Estado aportará otro.
Bueno Torio explicó que el limitar a sólo pagar jubilaciones y pensiones excluye otro tipo de cargas como gastos médicos, créditos de vivienda, sueldos caídos o excesos de líderes sindicales.
Otro cambio significativo en la ley es que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) deberá realizar una fiscalización específica a los fondos de pensiones y jubilaciones de ambas empresas y, en caso de detectar actos ilegales, podrá “fincar las responsabilidades”, incluyendo el inicio de los procedimientos de responsabilidad.
Con estas modificaciones, ambas paraestatales deberán homologar los parámetros para determinar las pensiones y jubilaciones con los que actualmente están establecidos en los demás sistemas de retiro de las instituciones del gobierno federal, como es el caso del ISSSTE.
En el dictamen se mantiene la condicionante que establece que para que el gobierno federal pueda absorber de manera proporcional los pasivos laborales de Pemex y de la CFE, a más tardar en un año, ambas paraestatales deben modificar sus contratos colectivos de trabajo.
La intención de esta medida es que en el mediano plazo las pensiones o jubilaciones de los trabajadores de estas dos empresas —que sean de nuevo ingreso— sean financiadas bajo esquemas de cuentas individuales, es decir, ya no serían un contrato colectivo lo que permitirá transitar hacia el Sistema de Ahorro para el Retiro.
Asimismo, se contempla un ajuste gradual para determinar las pensiones de los trabajadores en activo.
La intención es que en este nuevo esquema del contrato se modifique la edad de jubilación para los trabajadores de Pemex, para pasar de 55 a 65 años.
El pasado sábado el priísta Ricardo Aldana Prieto, miembro del sindicato petrolero, afirmó que ir sobre los contratos colectivos de trabajo “violenta” derechos laborales.
El ajuste también obliga a Pemex y a la CFE a emprender un programa de austeridad en su gasto.
Para aliviar la carga tributaria de Pemex van a reducir de 68 a 65% la tasa de derechos, y a subir el umbral de sus deducciones de 11.8 a 12.5%, lo cual redundará en que conserve aproximadamente 120 mil millones de pesos para que los destine a inversiones.