El subsecretario de Gobernación Luis Enrique Miranda, el titular de la secretaría de Energía Pedro Joaquín Coldwell y organizaciones campesinas sostienen una reunión privada en el palacio de Covián como parte de las mesas de trabajo para explicarles los alcances de las leyes secundarias de la reforma energética.
A su llegada a Gobernación, Alfonso Ramírez Cuéllar, líder de la organización campesina El Barzón, expresó que hay dos temas de preocupación entre los campesinos, el retiro de los subsidios al diésel y el agua que se usará en las zonas donde se pretexto explotar gas shale por medio de la fractura hidráulica -«fracking»-.
«Es una región que abarca buena parte del país y los acuíferos están en el abandono total, pero de ahí sigue tomando al gente agua para el consumo humano y para el riego agrícola. Y con el fracking dejará devastado una superficie muy importante dedicada al cultivo de alimentos», dijo.
Señaló que las leyes complementarias carecen de un proyecto integral para los campesinos, porque no están claras las salvaguardas ambientales, ni la conservación o ahorro de agua, ni está garantizado que la actividad agrícola se siga realizando, porque esto tratrerá mayores costos de producción.
«Esto va a redundar en alimentos más caros a los consumidores y una producción más pequeña alimenticia», dijo.
Ramírez Cuéllar aseguró que: «nosotros exigimos un decreto que constituya la reforma del campo, que cambie la política agropecuaria para que nos enfilemos en una ruta de transformación».
Expresó que las reuniones que han tenido con el gobierno federal no hay certeza sobre qué es lo que se quiere hacer con el campo mexicano.
«Nosotros hemos planteado un decreto para construir una nueva política para el campo, 80% del abasto de los alimentos del país, y se cubran con la producción nacional, eso es factible, lo que no queremos es llegar a 2030 con una dependencia alimentaria de 70% como lo ha mencionado al FAO», afirmó.