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Malos sacerdotes recibirían castigo

By on 6 julio, 2014

La Arquidiócesis de San Luis Potosí ya había instalado un tribunal eclesiástico para analizar entre 2004 y 2006 denuncias formuladas en contra de Eduardo Córdova Bautista, no encontrándolo responsable. Confió en él y no imaginó la dimensión del problema.
“No nos imaginamos esto”, aseveró el portavoz arquidio-cesano, Juan Jesús Priego Rivera.
El llamado caso Córdova terminó por conmocionar a la Arquidiócesis; las denuncias formuladas posteriormente, en las que se señala a otros sacerdotes, terminaron por apesadumbrarla aún más.
El Arzobispo, en consecuencia, instruyó profundizar en el conocimiento de otros casos que podrían haberse quedado como olvidados, rezagados y dictó fuertes medidas para que, al tomarse conocimiento, se proceda conforme a derecho, tanto en el ámbito de la legislación canónica como en la disposición de ponerlos en el conocimiento de las autoridades civiles.
Ha sido así, como la Arquidiócesis de San Luis Potosí acudió a las instancias judiciales civiles, a presentar una querella en contra de Eduardo Córdova Bautista, previamente juzgado por un tribunal del Vaticano y encontrado responsable, por lo que se dictaminó despojarlo de su ministerio sacerdotal, que es el máximo castigo contemplado por la legislación que rige y norma a la Iglesia Católica.
El sacerdote recordó que, de hecho, con la querella judicial planteada contra Córdova Bautista, ha sido la arquidiócesis de San Luis Potosí la primera y hasta ahora la única, que ha recurrido en México a querellarse penalmente contra una persona que había sido uno de sus miembros y que, incluso, desempeñaba funciones internas de altos perfil y relevancia.
Tal decisión ilustra claramente la voluntad del Arzobispo Jesús Carlos Cabrero Romero de contribuir con la justicia civil en el escrupuloso deslinde de responsabilidades civiles y penales, buscando el bien de la feligresía.
Ha sido así –dijo—, que el Arzobispo, de propia voz y a través de sus colaboradores, ha insistido en su llamado a los señalados por abuso sexual a afrontar su responsabilidad ante las autoridades judiciales civiles y a las víctimas a presentar las denuncias correspondientes.

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