No deben quedar impunes los casos de pederastia cometidos por religiosos en San Luis Potosí; y, por lo tanto, la Procuraduría General de Justicia en el Estado está obligada a resolverlos para deslindar responsabilidades o en su caso para hacer efectiva la aplicación de la ley, sentenció el diputado Eugenio Govea Arcos, presidente de la Comisión de Seguridad en el Poder Legislativo.
El legislador dijo que la autoridad no debe cometer ningún error dentro de la integración de las averiguaciones, pues de lo contrario se podrían aprovechar los artilugios legales para evitar que los sacerdotes paguen por los delitos de abusos sexual que se les imputan, además recordó que lejos de ideologías religiosas la procuración de justicia se debe hacer afectiva en San Luis Potosí.
Cabe recordar que en San Luis Potosí, existen al menos cuatro religiosos que enfrentan denuncias por casos de pederastia entre ellos se encuentra el ex representante legal de la Arquidiócesis Eduardo Córdova Bautista, quien está en calidad de prófugo.
Además hay otros como el de Noé Trujillo, ex párroco en Soledad de Graciano Sánchez, quien cuenta con un amparo y es acusado por el delito de estupro; Guillermo Gil Torres, quien se encuentra recluido en el penal de La Pila por delito de abuso sexual; y Francisco Castillo Ríos, quien fue denunciado por abuso sexual cuando estaba a cargo de la parroquia de Ojo Caliente, municipio de Santa María del Río.