Si uno da un vistazo a las discusiones recientes en torno a las leyes de telecomunicaciones, el asunto parecería limitarse a la discusión sobre cómo puede definirse la preponderancia para limitar a los monopolios, si por sectores, o por servicios. Se trata, sin duda, de un tema importante, pero habría que preguntarse si es el principal.
Si la preponderancia se define por sectores —es decir, todas las telecomunicaciones o toda la radiodifusión—, en realidad el único que estaría en riesgo de la declaratoria sería el Grupo Carso, mientras que Televisa —que no es mayoritario en radio— podría salvarla. Si es por servicios, Telmex y Telcel serían preponderantes en telefonía alámbrica y celular y Televisa, en televisión abierta.
Por ahora el PRD se ha pronunciado a favor de definir la preponderancia por servicios; el PRI parece inclinado a hacerlo por sectores y en el PAN se han mostrado abiertamente opiniones encontradas.
Pero ¿no estaba esto definido previamente en la reforma constitucional? Parece que no, que es cuestión de interpretación.
En primer lugar, los artículos reformados de la Constitución no hablan de preponderancia, sino los transitorios, que dicen —en primer lugar— que las medidas de fomento a la competencia “deberán aplicarse en todos los segmentos de forma que se garantice en su conjunto la competencia efectiva en la radiodifusión y telecomunicaciones”. Ni sectores ni servicios: segmentos. Como si hubieran tenido ganas de complicar el asunto.
Más adelante dice:” El Instituto Federal de Telecomunicaciones deberá determinar la existencia de agentes económicos preponderantes en los sectores de radiodifusión y de telecomunicaciones”. Sectores.
Y al siguiente párrafo: “Para efectos de lo dispuesto en este Decreto, se considerará como agente económico preponderante, en razón de su participación nacional en la prestación de los servicios de radiodifusión o telecomunicaciones, a cualquiera que cuente, directa o indirectamente, con una participación nacional mayor al cincuenta por ciento, medido este porcentaje ya sea por el número de usuarios, por el tráfico en sus redes o la capacidad utilizada de las mismas, de acuerdo con los datos con que disponga el Instituto Federal de Telecomunicaciones”. Clarísimamente, servicios.
Mi lectura personal es que hay que estirar mucho la interpretación para suponer que el párrafo que habla de sectores limita a un agente preponderante por sector.
Puede haber varios: uno en telefonía móvil, otro en televisión restringida; uno en radio, otro en televisión abierta. En otras palabras, la definición debería ser por servicios.
Sería muy grave que no se considerara preponderante a Televisa. Y sería visto como una concesión política, con los consiguientes costos.
Sin embargo, pase lo que pase en términos de la aprobación de la ley, la preponderancia de Televisa está destinada a desaparecer. Cuando entren nuevos competidores al mercado de la televisión abierta, no habrá manera de que la empresa de Avenida Chapultepec pueda mantener tan altas cuotas de share televisivo y de ventas relativas. El debate, en el fondo, se reduce a unos cuantos años más de inequidad.
El problema es que, por estar discutiendo la preponderancia, un árbol importante de la legislación, no le estamos poniendo atención al bosque entero.
La pugna de gigantes, Slim vs. Azcárraga, parece interesarnos más que el futuro de las telecomunicaciones y de la radiodifusión. Pareciera que ellos, aún en el banquillo de los acusados, son quienes imponen la agenda.
Un ejemplo. Los grandes olvidados de la discusión de la ley de telecomunicaciones han sido los medios públicos. No se ha definido de una vez por todas el status jurídico de la cadena nacional pública. No se ha resuelto la contradicción que hay entre declararla autónoma y sectorizarla, a la antigüita, en la Secretaría de Gobernación. No se han definido con transparencia los recursos financieros con los que podría contar, ni las distintas formas de allegárselos (por lo pronto, la hacen depender totalmente de la voluntad política de los presupuestos).
Otro tema clave ha quedado fuera. La llamada multiprogramación, que consiste en que las televisoras podrán transmitir más de un canal en el mismo espacio del espectro radioeléctrico, lo que aumenta la oferta de canales de la televisión abierta, pero podría permitir que una misma cadena utilice el espacio que ahora ocupa un solo canal para transmitir otros seis canales adicionales con programación propia y distinta. Algo así como la multiplicación automática de las concesiones, con limitaciones mínimas en la actual propuesta.Lo que discute en el Congreso no es menor. Fijará, en buena medida, las relaciones entre monopolios, gobierno y sociedad para los próximos años. Es, por lo tanto, una disputa por diferentes porciones del poder, en la que los monopolios llevan mano y deberían ser limitados.
