El Congreso del Estado aprobó en tiempo y forma la cuenta pública 2013 del Gobierno del Estado donde, el “prietito del arroz” resultó ser el Sistema Colegio de Bachilleres con un impresionante desorden administrativo y varios millones de pesos bailando en ello.
Y es que el Cobach es la entidad incluida en la cuenta pública del gobierno del estado que, según la ASE registró el mayor monto de irregularidades. Representa por sí sola el 36.4 por ciento de los 18.4 millones de pesos observados en la auditoría a la cuenta pública del Gobierno del Estado en 2013.
En este sentido, la ASE halló irregularidades que van desde observaciones por 6.7 millones de pesos particularmente en el manejo de la nómina, hasta asignaciones irregulares en prestaciones y otros beneficios laborales e incluso nombramientos sin sustento legal.
Consigna el pago de sueldos y prestaciones a personal para el que no estaban destinadas, la designación de directores de varios planteles sin título profesional, la contratación de personal docente sin respetar la convocatoria del concurso de plazas, entre otras linduras
En el orden administrativo hallaron que tres directores de plantel no cuentan con título ni cédula profesional, requisito que marca la normatividad del Cobach, y otros tres directores ejercen funciones sin nombramiento oficial.
DENUNCIAN MAESTROS
El documento también consigna el lanzamiento de una convocatoria a concurso para 80 plazas de las que, más de la mitad de los ganadores declarados no cumplía todos los requisitos, o sea, fueron “cachirules”.
Para acabarla de amolar, miembros de la Coalición de Trabajadores del Colegio de Bachilleres, entregaron un documento al Congreso del Estado donde denuncian que el nombramiento de Mónico Jiménez Medina como director del Colegio de Bachilleres es “nulo porque en su expediente laboral no encontraron su cédula ni título profesional”.
Esto sostienen los maestros: Magdalena Cansino Esparza, Araceli Ortega Alonso, Marbella Salazar García, Juan Arvizu Rivera, Juan Gabriel Oros Ruelas, Julio Ernesto Medina Muñoz, José María Hernández González, Fernando Valente Huerta González, Miguel Ángel Torres Padilla y Juan Manuel Lara Lugo.
De paso, piden juicio político contra el secretario general de Gobierno, Cándido Ochoa; el director de Educación Media Superior de la SEGE, Isidoro del Camino Ramos, y del mismo Mónico Jiménez Medina, “por conocer y pasar por alto tan grave irregularidad”, (lo de la falta de cédula y título profesional de Jiménez Medina).
OTRO “CACHIRUL”
De acuerdo al documento, están seguros que cuando Mónico fue nombrado director del Cobach, no tenía título profesional, según los registros de la Facultad de Agronomía de la UASLP, de la que en su expediente laboral declaró haber sido egresado, y tampoco en la Dirección Nacional de Profesiones había registro de cédula profesional alguna a su nombre.
Con fundamento en la Constitución Política del Estado, en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, de la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado y Municipios de San Luis Potosí, y del Reglamento Interior del Colegio de Bachilleres, dicen, esto hace nulo su nombramiento y da margen al juicio político para quienes las han incumplido.
O sea, que si ahora los tuviera, serán de fecha muy reciente lo que de facto anula su nombramiento por lo que el Cobach, dicen, estará en la ilegalidad mientras siga ahí Jiménez Medina. Al costo.
¿FINES PRIVATIZANTES?
La reciente criminalización de 22 empleados del IMSS en Jalisco, entre directivos, galenos y enfermeras, 16 de los cuales ya están en proceso judicial), provocó la movilización nacional que el pasado domingo 22 fr junio se tradujo en que miles de ellos tomaran las calles y plazas públicas de más de 50 ciudades del país, incluido SLP.
Enfundados en su bata blanca y con un moño negro, los médicos incorporados al Movimiento#YoSoy17 denunciaron la incongruencia de que al existir la Ley General de Salud, en la cual se establecen las condicionantes para que se autorice a funcionar a una unidad médica privada, en las mismas instituciones públicas del Sector Salud no se cubren esos requerimientos, gracias a que la SS no asume su responsabilidad.
Agregan el accionar irresponsable de los mandos del sector, que han dejado al garete el mantenimiento de instalaciones y equipos sanitarios, léase unidades de salud de las 32 entidades del país.
Si bien, entre los miles de médicos del sector salud puede haber casos de negligencia, lo cual compete a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed); estiman también una verdad, que la negligencia institucional es de mayor alcance, porque pone en peligro a millones de derechohabientes.. ¿De qué se trata?, de empujar al Sector Salud hacia un abismo, para luego salir con que por su falta de buen servicio hay que privatizarlo? Mucho cuidado si esta es la intención. Las elecciones están a la vuelta de un año y… ¿Para qué buscarle 3 pies al gato sui ya sabemos que tiene 4?.
